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Acumulación de baldíos por parte de ministros: Contraloría

La Contraloría incluyó los negocios privados de los ministros de Agricultura y Educación, que son pareja, en su lista de quince casos de acumulación ilegal predios que fueron baldíos. El caso lo componen cinco predios que adquirieron el hijo de los ministros, a la ministra, su hermano, a los que agrupan como la Familia Lizarralde Campo.

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Acumulación de baldíos por parte de ministros: Contraloría

La Contraloría incluyó los negocios privados de los ministros de Agricultura y Educación, que son pareja, en su lista de quince casos de acumulación ilegal predios que fueron baldíos. El caso lo componen cinco predios que adquirieron el hijo de los ministros, a la ministra, su hermano, a los que agrupan como la Familia Lizarralde Campo.

Una reciente comunicación de la Contraloría dirigida al Gerente General del Incoder, Rey Ariel Borbon revela el estudio que ha estado haciendo esta entidad sobre 15 casos en donde se presentó acumulación indebida de baldíos.

Entre los casos estudiados, la Contraloría menciona a la familia del ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, junto con la de la ministra de Educación Maria Fernanda Campo, de la siguiente manera.

Caso Familia Lizarralde Campo: Propietario de 5 predios registrados en la ORIP (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos) de Puerto Carreño con un área total de 6.270.96 hectáreas, adquiridos por un valor total de 1.209,95 millones.

La comunicación de observaciones en donde están expuestos los 15 casos dice, además, que en estas compras se violó la ley:

“Contrariando el contenido del artículo 72 de la ley 160 de 1994, sobrepasando las áreas establecidas en el artículo 20 de la Resolución 041 de 1996 (…) generando el incumplimiento del objetivo de la ley (…) y la filosofía de la Unidad Agrícola Familiar (…)”.

El artículo 72 de la ley 160 de 1994 prohíbe adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos y su acumulación. Es decir el ministro de Agricultura y la ministra de Educación, quienes estuvieron casados, habrían contrariado esta ley y por eso la Contraloría investiga sus negocios.

Además la Contraloría le dice al Incoder que por estos hechos esa entidad tendría una presunta responsabilidad disciplinaria, porque no hizo cumplir las funciones misionales que le corresponde al instituto rural.

Esta comunicación de observaciones hace parte del informe final que dará a conocer la Contraloría una vez obtenga la respuesta del Gerente del Incoder Rey Ariel Borbón, quien le dijo a Noticias Uno que como está recién posesionado en el cargo aún no puede responder sobre esta comunicación.

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