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Acusan a dragoneante del INPEC señalado de participar en el secuestro de Jineth Bedoya

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Acusan a dragoneante del INPEC
Acusan a dragoneante del INPEC señalado de participar en el secuestro de Jineth Bedoya

La Fiscalía General de la Nación acusó al dragoneante del Instituto Penitenciario y Carcelario-INPEC, Marco Javier Morantes Pico como presunto responsable del delito de secuestro simple agravado, con relación a los hechos violentos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurridos el 25 de mayo de 2000.

En la investigación se constató que Bedoya llegó a la cárcel La Modelo de Bogotá para realizar la entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’, un exintegrante de las extintas AUC.

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En la puerta del centro penitenciario fue atendida por el dragoneante Morantes quien estaba encargado del filtro de acceso y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora.

Durante ese tiempo, el hoy procesado, al parecer le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada.

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Sin embargo y según el material de prueba, dicho aval no existía y la demora estaría pensada para que Bedoya quedara sola. De esta manera, fue abordada por un hombre armado que se la llevó en un carro a una bodega.

En el lugar, la periodista fue retenida, torturada y abusada sexualmente. Luego de las agresiones, un grupo de personas la trasladó a Villavicencio (Meta) donde fue abandonada en vía pública.

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Finalmente, con los materiales de prueba, este jueves se conoció que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos a cargo del caso, acusó al dragoneante.

El fiscal estableció que esta acción fue planeada por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes privados de la libertad con apoyo de algunos funcionarios de la fuerza pública y el INPEC quienes actuaron en retaliación por las publicaciones que hacía Bedoya sobre varios acontecimientos criminales que ocurrían en la cárcel.

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En la resolución contra el dragoneante Marco Javier Morantes Pico se confirma la medida no privativa de la libertad y se oficia a Migración Colombia y a otras autoridades para garantizar que no salga del país y comparezca a los requerimientos judiciales.

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