Aceptan tutela contra la elección de Mesa Directiva del Concejo de Bogotá

El pasado martes, hubo un fuerte choque entre la oposición al gobierno del nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y sus simpatizantes por la elección de la mesa directiva del Concejo de Bogotá.

Concejales del Pacto Histórico -declarados en oposición- aseguraron que en medio del proceso de elección se hizo un incumplimiento grave, puesto que la ley estipula que dentro de la mesa directiva del Concejo de Bogotá debe haber un espacio para un concejal opositor en pro de mantener el equilibrio.

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Sin embargo, la votación de la mayoría de concejales fue negativa respecto a la candidata opositora y en la vicepresidencia del Concejo terminó un militante del partido Cambio Radical.

Frente a estos hechos, que se han rechazado incluso desde la Presidencia de la República, se aceptó una tutela estructurada por Diana Marcela Otavo, ejecutiva nacional del Polo Democrático Alternativo.

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Dicha acción de tutela tiene como objetivo “la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, considerados vulnerados por el Concejo de Bogotá en el procedimiento de elección de la mesa directiva el pasado 01 de enero de 2024”, asegura el documento que ratifica la aceptación de este mecanismo de protección a los derechos fundamentales.

La directiva del Polo Democratico afirmó que: “El Concejo de Bogotá, al realizar la elección de la mesa directiva, violó el estatuto de oposición y dejó sin representación a los partidos políticos que manifestaron ser parte de la oposición al alcalde Carlos Fernando Galán. Entre los hechos presentados en la acción de tutela, se destaca la falta de cumplimiento del procedimiento establecido por la ley para la conformación de la mesa directiva, así como la omisión de incluir a representantes de los partidos de oposición y mujeres en la conformación, tal y como lo ordena la Ley 1909 de 2018.”

Dentro de las peticiones de la tutela aceptada, la ciudadana Diana Marcela Otavo solicitó al juez la adopción de una medida provisional que ordenaba la suspensión de las sesiones del Concejo de Bogotá hasta que se realice una nueva votación de la mesa directiva, a lo que el juez ha contestado que negó la solicitud para respetar el derecho a la defensa del Concejo de Bogotá a quien le ordenó presentar su defensa en las próximas 24 horas.