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Bogotá

Configuran hallazgo fiscal por $8.775 millones en contratos para reforzar la Unidad Deportiva El Salitre

Al no ejecutar bien las obras, la Contraloría concluyó que lo procedente es demoler la estructura actual

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Configuran hallazgo fiscal por $8.775 millones en contratos para reforzar la Unidad Deportiva El Salitre
Foto: Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

La Contraloría de Bogotá configuró un hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal, de $8.775 millones, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, por el posible daño causado al patrimonio del Distrito durante la ejecución del contrato para el reforzar y adecuar la Unidad Deportiva El Salitre -UDS-.

Según la Auditoría de Regularidad adelantada al IDRD, por el organismo de control, tanto el contrato de obra, como el contrato de interventoría registraron un inadecuado manejo de los recursos públicos, que tuvo como consecuencia afectaciones en el erario del Distrito.

Ante la ineficaz ejecución del contrato 2999 de 2017, el ente de control señala que el IDRD debió contratar una consultoría para la patología de la estructura, análisis de calidad, estado, y estudio de funcionalidad de las obras. Al no ejecutar bien las obras, la Contraloría concluyó que lo procedente es demoler la estructura actual.

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“Los factores relacionados denotan de forma clara, la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente desempeñada por IDRD, el contratista de obra y la interventoría en el proceso de contratación de las obras de reforzamiento y adecuación del inmueble de las ligas deportivas ubicadas en la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), contrariando así el principio de planeación en la gestión desplegada por dicha entidad en el desarrollo del mismo., afirmó el Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.

En ese sentido, y tras que se derribe la estructura, en ese sitio se va a construir el nuevo centro de entrenamiento deportivo, cuyo valor estimado es de $43.951 millones.

Finalmente, la Contraloría dio apertura a un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF), afín de establecer la posible responsabilidad de funcionarios, exfuncionarios, contratistas o interventores de la obra, en el daño patrimonial a la capital.

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