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Fiscal que pretendía enviar a la cárcel a los alcaldes de Santa Marta le pidió cita privada al juez en plena audiencia

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El juez de garantías que atendió la solicitud de la Fiscalía para meter en prisión al alcalde y al exalcalde de Santa Marta, dice que el fiscal le pidió una reunión privada en plena audiencia y que como no se la concedió salió a denigrar de él. Los procesados interpretan su actuación como una de carácter político.

El juez Gabriel Ospino quien dejó en libertad al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y a su sucesor Rafael Martínez por supuestas irregularidades en contratación, advirtió que recibió una propuesta inapropiada por parte del director seccional de fiscalías del Magdalena Vicente Guzmán:

La retaliación a la que se refiere el juez, tiene que ver con las declaraciones del fiscal después de la audiencia, que pusieron en tela de juicio su decisión de dejarlos en libertad: “Quedé como si hubiera actuado de manera torcida y caprichosa, lo cual como se aclara no es cierto”

El fiscal dice que sólo quería pedirle que no los dejara en la policía de Santa Marta, pues allí funciona su residencia. Caicedo y Martínez aseguran que la entidad se politizó.

“Atropellada persecución política por parte del fiscal general (…) bien sabemos de la membresía política del doctor Martínez con Cambio Radical, del favorecimiento que quiere darle a el candidato Vargas Lleras, y de la relación que Vargas Lleras tiene con los Cotes y DíazGranados”, aseguró el exalcalde Caicedo.

Él dice que no cuestiona la competencia de la fiscalía para investigarlo, pues desde hace meses ha pedido ser escuchado para demostrar que es inocente.

A lo que el fiscal contestó vacilante: “Eso, eso es discrecional del fiscal, el fiscal… el fiscal, es dis… es de su… discrecionalidad el decir, si, lo escucha”, dijo el fiscal Guzmán.

Entre tanto Caicedo aseguró: “Lo que querían era capturarnos y hacer un show mediático, enlodar nuestro nombre”.

El exalcalde cuestiona que mientras a él le abrieron 28 procesos, las investigaciones contra la gobernadora Rosa Cotes, su sobrino el exgobernador Luis Miguel Cotes y los Díazgranados, todos de Cambio Radical, no avanzan. Entre estas, los retrasos en la vía de la Prosperidad que costó 467 mil millones y tiene un detrimento de 32 mil millones.

Las amenazas contra los denunciantes de hechos de corrupción a quienes les han incinerado su vehículo. Los sobrecostos de facturas de la salud, del PAE y presuntas irregularidades en la negociación de kits escolares, sobre los que la gobernadora, no quiso pronunciarse.

“Tendría uno que pensar si se cambia de apellido y se coloca Cotes y Díazgranados para tener inmunidad y más bien gozar de la condescendencia del fiscal”, afirmó Caicedo.

Caicedo dice que tampoco avanzas sus denuncias sobre las concesiones fraudulentas a Recaudos y Tributos o a MetroAgua. Él y Martínez seguirán vinculados a la investigación, pero en libertad.

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