Carrillo reconoció la experiencia que Ordóñez se negó a ver en la directora de tierras del Incoder

El procurador general Fernando Carrillo revocó la sanción que le impuso su antecesor a Jhenifer Mojica, ex subgerente de tierras del extinto Incoder, quien fue destituida e inhabilitada por 10 años en octubre de 2013 por supuestamente falsificar constancias laborales para ocupar ese cargo.

“REVOCAR los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, el 1 de octubre de 2013 y 22 de mayo de 2014, respectivamente, con ocasión del radicado IUS 2012-296992 y en consecuencia ABSOLVER de los cargos imputados a JHENIFER MARÍA SINDEI MOJICA FLÓREZ”.

Jhenifer Mojica afirmó que “es completamente reparador porque a mí me hizo mucho daño en su momento que se me sancionara cuando yo estaba ejerciendo mi función pública como era”.

El fallo, de 22 páginas, firmado por el procurador Fernando Carrillo, confirma que Jhenifer Mojica sí certificó en el Incoder más de los 68 meses de experiencia laboral en temas agrarios que debía tener para el cargo de subgerente de tierras.

“Que era documentación verdadera, emanada de las mismas entidades donde yo había prestado mis servicios y que sí cumplía los requisitos”, afirmó Mojica.

También deja ver que la investigación que hizo la administración de Alejandro Ordóñez no respetó el debido proceso de la abogada Mojica Flórez.

“El proceso disciplinario se adelantó por parte del procurador Carlos Novoa en mi caso, fue un proceso sumario express, oral, sin ninguna justificación de cuál era la gravedad de la conducta que yo había cometido, con una intención única de sancionarme per se, sin argumentos de fondo, tal cual lo corrobora la actual revocatoria que hace el procurador Carrillo”, dijo Mojica.

Para la jurista, la destitución por parte de la Procuraduría de Ordóñez fue una represalia por las decisiones que tomó a favor de los campesinos que reclaman la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar, en donde terratenientes tienen intereses particulares para apoderarse de predios baldíos de la Nación.

Mojica dice que “Macias es quien se reputaba dueño de la hacienda Las Pavas que es un emblemático caso que hay en el sur de Bolívar en donde hubo un desplazamiento forzado y despojo por parte de grupos paramilitares que hicieron presencia en la región, en donde hay más o menos 500 familias, que desde los 90 están reclamando la restitución y el retorno”.

Mojica asegura que sus abogados analizan la posibilidad de demandar a la Nación por este caso: “Evidentemente estamos evaluando la posibilidad de buscar una reparación directa”.

Otros fallos de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez que fueron revocados por persecución política son los de los candidatos presidenciales Piedad Córdoba y Gustavo Petro.