Desminado con civiles iría en contra del DIH: Procuraduría
La Procuraduría le dio la razón a quienes aseguraban que los civiles no podían involucrarse en la erradicación de minas quiebrapatas, mientras el conflicto armado colombiano no haya terminado…
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![Desminado con civiles iría en contra del DIH: Procuraduría](https://img.canal1.com.co/uploads/2012/01/Minas-quiebra-patas.jpg?format=auto&width=1200)
La Procuraduría General de la Nación no vio con buenos ojos que los campesinos colombianos realizaran labores de desminado. Sobre todo porque desde 1990 hasta 2010, más de 9 mil colombianos han sido víctimas de minas antipersonales y de artefactos explosivos, según reportes del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, Paicma… En su concepto emitido en diciembre de 2011, la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, fue tajante: “El hecho de que organizaciones civiles realicen labores propias de la fuerza pública, se considera por parte de la Procuraduría como una infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
Esta labor, que en últimas es limpiar los campos colombianos de Minas Antipersonales, es una tarea que le había sido asignada al Ejército Nacional y que venía siendo desempeñada exitosamente. Sin embargo, “desde 2009 se consolidó y tenemos la suficiente experiencia para hacer nuestro trabajo en forma oficial”.
En su momento, la implementación de esta ley, el senador Robledo hizo la advertencia: “Se desmina en un país que está en post-conflicto…”
Lo que pretendía la Comisión Intersectorial de Desminado Humanitario en Colombia era que los civiles hicieran esta labor, aún cuando tuvieran que enfrentarse, de paso, con los actores del conflicto armado… Desde 2009, mucho antes de que la ley se intentara implementar, el mercado para ofrecer esta labor ya estaba instalado en Colombia. Fue el ex vicepresidente Francisco Santos quien le dio el permiso a dos organizaciones internacionales para que se instalaran en el país, mientras se definía la cuestión legal.
Sin embargo, la Procuraduría le solicitó al gobierno suspender el proceso y elevar una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Procuraduría también avanza en otro concepto sobre el programa de Erradicadores de Cultivos Ilícitos, adscrito a la vicepresidencia, pues cerca de 300 civiles han sido víctimas de las Minas Antipersonales, en pleno ejercicio de erradicación de estos cultivos.