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Empresa de los Araujo Noguera a la que se le quitó dos contratos de alimentación, ganó la licitación

La Fundación Kábala, de María Angélica Araujo Noguera, a la que el Ministerio de Educación le quitó el contrato de alimentación escolar en Atlántico y Bolívar, acaba de ser seleccionada como operador de la alimentación escolar en Cesar y Valledupar.

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Empresa de los Araujo Noguera a la que se le quitó dos contratos de alimentación, ganó la licitación

El 18 de enero inicia el Programa de Alimentación Escolar en todo el país pero ya hay denuncias porque los mismos operadores cuestionados en 2015 por prestar el servicio con alimentos en mal estado, incumplir raciones de comida y tiempos de entrega, se estarían ganando las licitaciones, tras cambiar el nombre de sus empresas en entredicho.

“Esto ha sido una burla para el Ministerio, esta contratación, porque la misma empresa se cambió de ropaje pero es la misma fundación Kabala que le acaban de otorgar este contrato”, afirmó César Cárcamo, miembro de la Red de Veeduría Salud y Vida.

En agosto de 2015 la ministra de Educación Gina Parody y el contralor general Edgardo Maya, tras una visita sorpresa a los centros de operación en Atlántico y Bolívar cancelaron el contrato de alimentación con la Fundación Kabala.

“Hubo más de 5 mil hallazgos encontrados el año pasado. Estamos haciendo una investigación sobre un posible incumplimiento”, indicó Víctor Saavedra, viceministro de Educación.

Sin embargo esta misma Fundación Kabala, cuya representante ha sido María Angélica Araújo Noguera y Jorge Luis Fuentes Sallago, de acuerdo con su NIT y la experiencia acreditada, es la misma Fundación Acción Social Integral que se acaba de ganar el contrato para 2016 por 17 mil millones de pesos en el Cesar.

“Cambiaron fue de nombre y siguen con el mismo NIT a través de Katia Rosado Murillo y María Angélica Araújo Noguera que son las personas que vienen contratando en toda la Costa y con fundaciones de papel”, agregó Cárcamo.

El Ministerio de Educación asegura que la responsabilidad de contratación está desde 2015 a cargo de las entidades territoriales

La licitación también es cuestionada porque tiene posibles sobrecostos y solo tuvo un oferente. La Fundación Kabala, que también se habría ganado el contrato por 6 mil millones en Valledupar, está en proceso de ser sancionada por el gobierno.

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