Expediente engavetado por Alberto Rojas Ríos impide la restitución a víctimas en Magdalena

En 2014 la Corte Constitucional le dio la razón a Antonio Rodríguez y ordenó devolverle las tierras que durante años había reclamado sin éxito, después de comprobar que los paramilitares a cargo de Jorge 40 lo despojaron de su finca en 1996 en Sabanas de San Ángel Magdalena. Allí donde el procurador Ordóñez y el presidente de Fedegán han defendido a quienes fungen ser propietarios de buena fe.

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Alberto Rojas Ríos quien falló a su favor antes de salir de la Corte reconociendo que la compra de segundos ocupantes fue ilegal en una época de dominio paramilitar.

Pero después de reintegrarse al Alto Tribunal, el magistrado no ha devuelto el expediente al Tribunal de Valledupar, como lo acaba de ordenar la Corte Suprema de Justicia, para destrabar un incidente de desacato que está en su despacho desde hace meses.

Antonio tiene 90 años y lleva un año enviando oficios al magistrado Rojas para que devuelva el expediente. Su esposa murió tras el asesinato de sus dos sus hijos y cree que también él morirá sin poder regresar a su tierra ahora por la inoperancia de la justicia.

La restitución no ha podido cumplirse porque hasta miembros del Ejército han sido complacientes con encapuchados poseedores ilegales que han impedido la diligencia.

Entre ellos Carlos Londoño quien dice ser propietario de buena fe, pero que ha estado acompañado por alias ‘el mono Bedoya‘, señalado testaferro de ‘Jorge 40‘ y Pedro ‘Pimienta‘, exconcejal firmante del pacto de Chibolo con el que los paramilitares impulsaron políticos, impidiendo la entrega del predio a sus legítimos dueños.