Por inoperancia de la justicia, caso de violencia intrafamiliar queda en la impunidad

La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán indemnizar a una mujer víctima de violencia intrafamiliar que denunció a su esposo, pero la falta de un fallo oportuno hizo que el caso quedara en la impunidad.

La víctima no solo fue agredida físicamente por su compañero sino que, de manera fraudulenta, este lleno una letra de cambio por 120 millones de pesos, a favor de un tercero, aprovechando que el documento tenía la firma de ella, lo cual ocasionó el embargo de la casa donde vivía la señora y sus hijos.

Los hechos ocurrieron en 1995 pero sólo hasta mayo de 2000 un juez de Granada, Meta, lo condenó por la falsedad, sin tener en cuenta el maltrato físico. A esto se sumó que, en agosto de 2001, el Tribunal Superior de Villavicencio dejó sin efectos la sentencia porque el delito ya había prescrito.

Para la ponente de la decisión y exmagistrada del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz del Castillo, la Fiscalía solo se interesó por investigar la falsedad, dejando de lado la violencia intrafamiliar de la que era víctima la mujer.

“La mujer es sacada de su hogar con sus hijos menores, golpeada, y entonces el hombre toma algunos de sus documentos y llena la letra que estaba en blanco para cobrar, pero la Fiscalía no le pone cuidado al maltrato físico, psicológico y económico del que ella fue víctima, sino que adelantó la investigación solo por la falsedad. Finalmente, el caso queda en la impunidad porque el delito prescribió”, indicó la exmagistrada.

Stella Conto Díaz del Castillo aseguró que casos como estos revictimizan a la mujer porque no solo no encontró apoyo de las autoridades para lo que estaba viviendo, sino que, además, el proceso quedó en la impunidad.

“La demora para fallar el proceso ya es una revictimización y peor cuando termina en prescripción. La señora sufrió el embargo y remate de sus bienes y, como si fuera poco, su victimario, que debía ser condenado, quedó absuelto. Hay una impunidad muy alta y el Estado no está haciendo mucho para combatirla”, sostuvo la ponente de la decisión.

Entre la Fiscalía y la Rama Judicial tendrán que pagar más de 200 millones de pesos de indemnización a la mujer. Además, el fallo le ordena a esas entidades publicar la sentencia y darle difusión para que los jueces y fiscales eviten que casos así se puedan repetir.