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Medio punto del PIB manejarían iglesias y congregaciones religiosas

A raíz del debate público que se ha generado por las actividades de los movimientos religiosos, expertos tributaristas calcularon en 3 punto cinco billones de pesos lo que deja de recibir el Estado por las exenciones que le concede a las 5 mil iglesias que funcionan en Colombia.

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Medio punto del PIB manejarían iglesias y congregaciones religiosas

A raíz del debate público que se ha generado por las actividades de los movimientos religiosos, expertos tributaristas calcularon en 3 punto cinco billones de pesos lo que deja de recibir el Estado por las exenciones que le concede a las 5 mil iglesias que funcionan en Colombia.

El Estado deja de recibir en promedio 3.5 billones de pesos por cuenta de las exenciones tributarias que el Estado les concede a las organizaciones religiosas, según un analista económico. José Roberto Acosta, Vocero de Justicia Tributaria afirmó que la cifra “podría sumar cerca de medio punto del PIB”.

El experto tributarista coincide con los investigadores de la Fiscalía en cuanto a que en las iglesias podría haber un posible enriquecimiento ilícito de ellas y de sus líderes.

“Dado el blindaje legal que tienen hoy en día, las iglesias o congregaciones religiosas, su manejo de las actividades no muy legales. Buena parte de sus dineros son trasladados de forma irregular en cabeza de sus líderes”, aseguró Acosta.

Agregó que es necesario adicionar normas para reglamentar el cuantioso dinero que se mueve en las organizaciones religiosas para que ellas aporten como todo el mundo, lo que corresponde al desarrollo del país.

Acosta sugirió “que se democratice el usufructo de esos recursos que no quede únicamente como beneficiaros los pastores o sus líderes, sino sus fieles”.

La Unidad de lavado de activos y extinción de dominio de la Fiscalía rastrea precisamente, los bienes y cuentas bancarias del Movimiento Político y religioso Mira.

En la noche del viernes – 17 de enero – fueron ocupadas dos sedes de éste grupo para investigar supuestas irregularidades en los informes contables declarados a la Dian entre los años 2003 y 2006.

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