Molestia por el derecho a informar

Molestia por el derecho a informar

En un juzgado de Bogotá se adelantó esta semana una audiencia para examinar la conducta de Rodrigo Escobar Gil, abogado cercano al exmagistrado Jorge Pretelt quien fue suspendido de la Corte Constitucional a la que pertenecía, por pedirle, presuntamente, una coima de $500 millones de pesos a la firma Fidupetrol, a cambio de un fallo de tutela que la favoreciera.

Escobar Gil fue contratado por Fidupetrol, según se ha dicho en medios, por recomendación de Pretelt y precisamente por ser amigo del magistrado que podía incidir en el sentido del fallo. Por eso se investiga penalmente tanto a Pretelt como a Escobar

Un equipo de Noticias Uno estuvo en el juzgado siguiendo el desarrollo de la audiencia pública a pesar de la incomodidad que, por ratos, se le veía al procesado.

Sin mostrarse ofensivo pero con evidente desespero por el registro visual de la audiencia, Escobar caminó hacia nuestros periodistas mientras hacía ademanes de modelar para la cámara, más como manifestación de su molestia que como un chiste.

Más tarde se salió de casillas cuando el reportero le preguntó por la similitud del logo de su bufete de abogados Rodrigo Escobar Gil Consultores con el que identifica al gran tenista mundial Roger Federer.

Los jóvenes abogados que acompañaban al procesado quisieron ayudarle sacando del juzgado al camarógrafo. En otro momento, el fiscal Álvaro Escobar Gil, hermano del exmagistrado y quien estuvo todo el día acompañando a su pariente, coincidió con su familiar en el intento de impedir el trabajo de la prensa: se aproximó de manera un poco intimidante al camarógrafo de Red Más Noticias y a otros periodistas pero se replegó cuando estos no cedieron a su presión.

Los hermanos Escobar, especialistas en materias jurídicas, tal vez no recuerdan el derecho a la libertad de informar que protege la Constitución.

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Genios del derecho
Aunque este estudiante de derecho es el supuesto autor de una recusación contra dos magistrados del Consejo Electoral, no recordó los nombres de los recusados ni cómo llegó su petición a la oficina de correspondencia de esa corporación.
Según un video de cámaras de la institución, quien sí habría radicado el documento fue esta abogada, subalterna de otro magistrado del Consejo, representante del uribismo. Ella es Eliana Espinosa y trabaja en el despacho del consejero Felipe García que habría estado interesado en sacar de las discusiones sobre el nuevo movimiento político de las Farc, a sus colegas Alexander Vega, de la U, y Armando Novoa, del Polo.

El estudiante de 25 años de edad, Jeffer Vanegas Monroy, resultó ser empleado, a su vez, de un abogado amigo de la subalterna del magistrado García quien vela por los intereses del Centro Democrático en el Consejo Electoral.

Curiosamente, esta abuelita que tenía 81 años en 2015, fue la presunta autora de una solicitud de alta elaboración jurídica al mismo Consejo Electoral, para que se investigarán las cuentas de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. La petición de doña Anatilde Hernández, quien vive en Acacías, Meta, se hizo en momentos en que en Bogotá se polemizaba sobre los pagos por 230 millones de pesos que la campaña de Òscar Iván Zuluaga, le hizo al hacker Andrés Sepúlveda condenado por espiar al rival de Zuluaga, el actual mandatario.

Poco después, El Espectador descubrió que la señora Anatilde era, en realidad, la abuela de la abogada Amalia Salgado que trabajaba para el candidato Zuluaga durante la campaña y a quien todos conocían por ser su mano derecha…

La diferencia de edades entre el estudiante Vanegas y la abuelita Anatilde, separados por 58 años de vida, no parece ser un obstáculo para que ambos le dediquen su tiempo y esfuerzo a crear profundas piezas jurídicas para sustentar las demandas que solo les interesan a los uribistas.

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Fuera de lugar

Un juez especializado de Bogotá condenó esta semana a Kiko Gómez, exgobernador de la Guajira, a 55 años de cárcel por ordenar el asesinato de una exalcaldesa de su población, su esposo y un escolta con los que tenía diferencias políticas. Kiko Gómez, quien fue uno de los hombres más poderosos de la Costa Atlántica, tenía sicario propio. Era el temible narcotraficante Marquitos Figueroa, según el juez.

“Existía una intensa relación entre los dos, llegando al punto que ‘Marquitos’ mataba cuando Gómez Cerchar se lo ordenaba”

La alta condena que el juez le impuso al exgobernador se explica por el mal uso que hizo de sus privilegios y responsabilidades

“Se enteraba de cualquier investigación o denuncia que se interpusiera en su contra… Era muy grande el miedo (que inspiraba) y poder corruptor del procesado”

No obstante la dureza de su sentencia que, de cumplirse totalmente implica una cadena perpetua por la edad del condenado, Gómez Cerchar se despidió como si nada hubiera pasado en su vida

Y el juez que lo condenó tampoco tuvo problema en agradecer la cordial despedida, en lamentar el destino del reo y en desearle suerte cuando intentara tumbarle el fallo que acababa de leer.

“Gracias señor Gómez. Lamento haberlo conocido en estas circunstancias. Son cosas de la vida y por ello no dejo de desearle éxitos en sus apelaciones o recursos, en sus actividades”

Las palabras que el togado dijo a continuación, parecían corresponder, más que a una audiencia de condena, a las que un invitado diría después de una reunión social…

Aunque los buenos modales no son reprochables, quienes asistían al juzgado quedaron con la boca abierta ante tanta amabilidad de lado y lado.