MinEnergia se reunirá con la comunidad del Atlántico para revisar el alto costo de la energía
El alto costo de la energía eléctrica en el Atlántico afecta a los habitantes de Barranquilla y la región. Lea sobre las acciones de la comunidad y la reunión con el Ministerio de Minas y Energía para buscar soluciones.
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El departamento del Atlántico enfrenta uno de sus desafíos más persistentes y apremiantes: el alto costo de la energía eléctrica. Los habitantes de Barranquilla y la región han soportado históricamente tarifas elevadas que han afectado significativamente sus presupuestos familiares y la competitividad de las empresas locales.
El incremento en las tarifas de electricidad ha sido notable, alcanzando aumentos de hasta un 50 % en las facturas de energía. Este escenario ha puesto en entredicho la capacidad de los ciudadanos para hacer frente a sus gastos y ha generado inquietud entre los empresarios locales, quienes deben lidiar con costos operativos más altos.
Las cifras respaldan esta preocupación. Según la alcaldía de Barranquilla, un hogar de estrato 1 en Bogotá paga aproximadamente $36.039 por el servicio eléctrico, mientras que en el Atlántico, las tarifas llegan a los $90.526 para un hogar en condiciones similares. Además, se han reportado denuncias de personas de bajos recursos en la región caribeña, quienes, a pesar de no utilizar dispositivos como aire acondicionado o ventiladores, han recibido facturas superiores a los $250.000.
La comunidad del Atlántico se ha unido para hacer un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales, exigiendo una acción concreta para abordar esta problemática. Algunos líderes políticos del departamento han solicitado al Gobierno Nacional que implemente un control tarifario, una propuesta que, hasta la fecha, no ha avanzado de manera positiva.
Sin embargo, la ciudadanía no limita su reclamo únicamente al gobierno central, sino que también señala a las administraciones locales y regionales por no abordar adecuadamente otros componentes que influyen en el costo de la energía eléctrica.
En particular, se destaca la presencia de un impuesto de alumbrado público en el Atlántico, aprobado por las alcaldías y concejos municipales, junto con una elevada tasa de seguridad y convivencia, aprobada por la Gobernación y la Asamblea Departamental. En este contexto, surgen preguntas sobre la utilización de los fondos recaudados a través de la tasa de seguridad, especialmente en relación con el mantenimiento de parques, en medio de una preocupante crisis de extorsiones e inseguridad en la región.
La presión de la comunidad y la preocupación generalizada llevaron a una iniciativa ciudadana respaldada por la organización internacional de activismo digital Change.org. La petición, que se hizo viral en las redes sociales bajo el hashtag #TarifaJustaYa, recopiló más de 19.100 firmas de apoyo. Este esfuerzo culminó con una reunión entre líderes del Atlántico y representantes del Ministerio de Minas y Energía.
El Ministerio de Minas y Energía aceptó la propuesta de reunirse con la sociedad civil del Atlántico para definir una Asamblea de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el Departamento. El objetivo de esta reunión es abordar el alto costo de la tarifa eléctrica y buscar soluciones que beneficien a la comunidad.
La fecha exacta de este encuentro está por definir, pero ya es un paso en la dirección correcta. Durante esta semana, se llevará a cabo una segunda reunión entre el Ministerio y las organizaciones convocadas para avanzar en este proceso.
La líder de la petición, Karol Solís Menco, destacó la importancia de una reforma en el sistema de cobro de tarifas de energía y la intermediación en el alumbrado público en el Atlántico. Esta medida, respaldada por la comunidad, busca abordar de manera integral los problemas relacionados con el servicio público de energía.
La situación se agrava aún más al considerar la inclusión en la tarifa de un porcentaje mayor de pérdidas no técnicas, autorizado por el Gobierno en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque. Estas pérdidas incluyen problemas como el robo de energía y el fraude, aspectos sobre los cuales la comunidad carece de control.
Es imperativo que este proceso de diálogo y colaboración entre todas las partes involucradas, incluyendo representantes del Gobierno Nacional y local, empresas de servicios públicos y la sociedad civil, resulte en soluciones concretas que alivien la carga económica de los habitantes del Atlántico y promuevan una tarifa justa y razonable para el servicio de energía eléctrica.