Corte Constitucional anuncia seguimiento a la controversia por el desvío del arroyo Bruno en La Guajira
- Juego de la vida o la muerte: niños en Barranquilla mueren por “divertirse” en arroyos
- Niño de nueve años cayó por un arroyo cuando jugaba fútbol con sus amigos en Barranquilla
La Corte Constitucional advierte, que presuntamente se está incumpliendo la sentencia SU698 de 2017 en la que ordenaron la protección de los derechos de las comunidades indígenas de la Guajira que presuntamente estaban siendo afectados por el desvío de 3.6 kilómetros del cauce del arroyo Bruno, desvío ejecutado en 2017 por la empresa Cerrejón para un proyecto minero.
Le puede interesar: ¡Ojo! No en todos los municipios aplica medida de retiro de tapabocas
Advierte la Corte que los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades indígenas están siendo “amenazados” por ese desvío y “surgen dudas sobre si el nuevo cauce ha cumplido con las proyecciones esperadas, por lo que no hay certeza sobre el estado de la prestación de los servicios ecosistémicos del arroyo a la comunidad”.
Aunque la minería en el arroyo fue suspendida por orden de la Corte mientras se emite un estudio técnico de una mesa interinstitucional con participación de las comunidades, el tribunal advierte que “no pueden desestimarse los llamados de atención realizados por la reanudación de la actividad minera cerca al lecho del arroyo, desconociendo lo establecido en el Auto 419 de 2017 proferido por esta Corte”.
Cerrejón le informó a la Corte que se han cumplido con las órdenes de la sentencia SU698 de 2017 y que “el arroyo Bruno se encuentra en óptimas condiciones actualmente”. Pero la Corte advierte que “los informes de los entes de control revelan otra situación”.
Le puede interesar: Procuraduría solicita a alcalde de Cartagena garantizar bienestar de caballos de coches turísticos
La Corte había declarado que el proyecto de desviación del arroyo bruno constituía una “amenaza a la preservación de los servicios ecosistémicos del arroyo Bruno y, por lo tanto, a los derechos al agua, a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades que habitan en la zona de influencia del arroyo“.
“Si bien es cierto que la ANLA informó que no ha observado daños graves sobre el comportamiento hidrológico o hidrogeológico, también lo es que las comunidades manifiestan que el riesgo de daño persiste, y de la información allegada no hay certeza sobre el estado actual del lecho natural del arroyo Bruno o de su cauce artificial”, advierte el alto tribunal.