Corte ordena al Gobierno que cancele lo adeudado a las EPS por los ‘presupuestos máximos’
El pronunciamiento lo hizo la sala de seguimiento a la sentencia T760 de 2008, que declaró la salud como un derecho fundamental
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La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno que se ponga al día y cancele las deudas pendientes con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), por concepto de los llamados ‘presupuestos máximos’.
El pronunciamiento lo hizo la sala de seguimiento a la sentencia T760 de 2008, que declaró la salud como un derecho fundamental.
La Corte encontró numerosos problemas sobre los ‘presupuestos máximos’, es decir, sobre los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que el sistema de salud paga anualmente sobre cada uno de sus afiliados.
Según la Corte hay problemas en la fijación de los presupuestos máximos y sus reajustes. También evidenciaron retrasos en los pagos a las EPS que afectan la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
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Los cálculos de La Corte, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, cuestionaron que para el régimen contributivo se reconocieron, en el año 2023, menos de la mitad de los recursos que se otorgaron en 2021 para los presupuestos máximos: en 2021 se pagaron $2.3 billones de pesos en cada semestre y en 2023 se reconocieron $1.1 billones por un semestre.
“En el 2021, se entregaron $4.6 billones para el RC, se infiere que en proporción a cada semestre correspondió $2.3 billones. Esto significa que al menos para el primer semestre de 2023 ese régimen debía haber recibido ese valor indexado, sumado a los reajustes efectuados del 2021 que al menos se conocieran al momento del cálculo de los PM del primer semestre del 2023. Sin embargo, a junio de 2023 se habían reconocido por concepto de Presupuestos Máximos de ese primer semestre, únicamente $1.11 billones para el RC, es decir menos de la mitad de lo que en proporción debió reconocerse.”, dice la Corte.
Por ello impartieron una serie de órdenes: el Ministerio de Salud deberá cancelar, a más tardar en 45 días, los reajustes de los presupuestos máximos del año 2021; también deberá elaborar un cronograma para pagar los reajustes de 2022 y definir la metodología de los reajustes de 2023.
Por otra parte, la Contraloría y la Superintendencia de Salud deberán investigar “si existe un nexo causal entre el detrimento patrimonial de las EPS y el valor de la prima y los techos asignados a cada una de esas entidades, con el fin de determinar si el primero es consecuencia de la insuficiencia de esos valores”.
Según Acemi, la agremiación de las EPS del régimen contributivo, “para agosto de 2023 el Gobierno adeudaba $96 mil millones de 2021 y $1.6 billones de 2022. De igual manera que quedarían faltando alrededor de $2 billones para 2023“.