Crean estrategia para identificar hechos de corrupción asociados al narcotráfico
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Con la consigna de redoblar esfuerzos para derrotar “la mezcla perversa de corrupción y narcotráfico”, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, lideró el lanzamiento de la ‘Estrategia Anticorrupción asociada con el narcotráfico en Colombia’.
Esta estrategia se aplicará, inicialmente, en 15 municipios de los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca, donde se registra incidencia de grupos ilegales.
“Sabemos que, desafortunadamente las acciones del Estado en relación con la lucha contra la corrupción se han concentrado en las sanciones que, sin duda, son determinantes, son un disuasivo y deben ser drásticas, pero, para nosotros, lo más importante es avanzar mucho más en transparencia, en lograr que, mediante una estrategia integral, podamos evitar la corrupción y las vinculaciones con los dineros del narcotráfico”, afirmó la vicepresidenta.
La Estrategia hace parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional, en el marco del Acuerdo de Paz, y es liderada por la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC-, la Embajada de Reino Unido en Colombia y las entidades del Estado encargadas del control del narcotráfico.
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Los municipios priorizados son: Policarpa, Pasto, Ipiales y Tumaco, en Nariño; Tibú, Ocaña, Cúcuta y Sardinata, en Norte de Santander; Apartadó, Tarazá, Valdivia y Medellín; en Antioquia, y Buenaventura, Cali y Calima, en Valle del Cauca.
“Abordando el problema de las drogas ilícitas en los territorios más afectados por el conflicto, con la acción coordinada de todas las autoridades, podremos cerrar brechas o los puntos de mayor riesgo de corrupción, tanto en procesos como en conducta de funcionarios públicos”, dijo la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño.
Esta estrategia tiene tres objetivos: diagnosticar la relación de la corrupción con el narcotráfico, identificar y evaluar sus principales riesgos y formular lineamientos que permitan contrarrestarlos, tanto en las instituciones públicas como en actores privados.