Crece la polémica por convenio del MinTIC: contratistas se declaran víctimas

Crece la polémica por un contrato suscrito por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el cual tiene como finalidad lograr la conexión de Internet en 10 mil puntos apartados con el fin de garantizar la cobertura especialmente en colegios y escuelas de zonas rurales.

Los líos por el convenio suscrito por el MinTIC iniciaron cuando el banco Itaú notificó que habría un documento falso sobre la garantía bancaria del contratista Unión Temporal de Centros Poblados.

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Incluso, NotiCentro 1 CM& conoció el documento en el que notificaron al ministerio sobre la irregularidad:

“Confirmo que el banco Itaú, Corpbanca S.A. no está legitimado para obrar como garante”, señala el documento.

La falsificación de los documentos y unos retrasos en la ejecución del contrato llevaron al ministerio a buscar la caducidad del contrato, sin embargo, el Gobierno ya le había hecho un anticipo al contratista por 70 mil millones de pesos, del total del contrato que supera el billón de pesos.

Tras el anuncio del ministerio, el caso llegó a los entes de control incluida la Procuraduría, entidad que ya abrió una indagación, no obstante, este noticiero tuvo acceso a documentos reservados del caso, en los que se indica que los representantes legales de la Unión Temporal de Centros Poblados piden constituirse como víctimas.

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“En mi condición de víctima, de conformidad a la ley 734 de 2002, me permito poner en conocimiento de su despacho, los hechos que pueden conducir a presuntas responsabilidades disciplinarias”, señala el expediente.

En el documento queda constancia que la petición presentada a la Procuraduría se hizo por intermedio del abogado Inocencio Meléndez, quien fue condenado por el caso del carrusel de la contratación en Bogotá.

Meléndez le dijo a este noticiero que él no representa a los contratistas, y que él solo envió el correo desde su oficina.

El caso por el controvertido contrato ahora está bajo investigación de los entes de control, para establecer si hubo falsificación de documentos.

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A la fecha el contrato sigue en ejecución, pues la Unión Temporal de Centros Poblados tiene que garantizar la conexión en 15 departamentos.