Despenalización del aborto: en manos del Estado, brindar garantías a mujeres colombianas

Carolina Morales, líder y experta en asuntos de mujer y género del partido Cambio Radical ha promovido al interior de la colectividad la necesidad de respaldar desde el Congreso de la República, la decisión tomada por la Corte Constitucional quien aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.

“Esta decisión conlleva unas implicaciones de alto impacto que obligan inmediatamente al estado colombiano a generar políticas públicas, protocolos y procedimientos que permitan a las mujeres que deseen hacer una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y que esto no genere ningún tipo de discriminación o estigma social.  A la fecha tenemos alrededor de 50 países que modificaron su legislación para permitir un mayor acceso al aborto, por eso celebramos que se abra el debate para tomar medidas estatales como las que hoy realiza la Corte Constitucional”, afirmó Claudia Morales.

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De acuerdo con las cifras solicitadas a la Secretaría de Salud Distrital, desde el 2014 a primer semestre de 2021, la mayor parte de estos procedimientos se hicieron en la fundación Oriéntame con 61 mil casos, seguido de Profamilia con 7.700 casos y así mismo en hospitales públicos se realizaron 3 mil procedimientos.

La líder de causas femeninas considera importante que el sistema de salud asuma esta decisión dentro del Plan de Beneficios en Salud, donde se fije el procedimiento adecuado que permita a todas las mujeres del país poder interrumpir su embarazo, que reciban atención médica y psicosocial en aras de un aborto seguro y sin riesgos.

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“Legalizar el aborto bajo estas nuevas causales fijadas por el Alto Tribunal, elimina la clandestinidad que hay en estos casos. La Secretaria de Salud a la fecha desconoce el número de lugares donde se realizan, quiénes son las personas que practican estos procedimientos o a cuantas mujeres se les ha realizado, ocasionádoles riesgos de salud incrementando la mortalidad. Preocupa el subregistro de casos, dado que la penalización impide tener cifras exactas de mortalidad fetal en Colombia. Un ejemplo de ello se evidencia en Bogotá donde apenas se tienen identificados más de 300 casos de abortos (2015-2021) realizados en sus propios hogares”

“Se debe acabar con el sentimiento de culpa, pecado o castigo sobre las mujeres que desean o se realizan una interrupción de embarazo”, aseguró Carolina Morales de Cambio Radical.