Fiscalía expide directriz para tratar y “proteger” la protesta social: ¿Cómo se hará?

La fiscal general Luz Adriana Camargo firmó recientemente una directiva de ese despacho en la que ordena “reconocer, garantizar y proteger el derecho a la protesta social pacífica en el país”.

En el documento, que consta de 31 puntos o lineamientos, la Fiscalía subraya que debe ser el Estado el garante de la protesta. A renglón, la normativa también planea hojas de ruta para los casos que deban ser investigados en caso de que el derecho a la protesta social se vea alterada.

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¿Qué puntos trata la directiva?

• Descriminalización de la protesta

“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal.“, subraya el documento.

Por otro lado, el documento recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que la protesta “conlleva necesariamente a alguna forma de alteración al orden público dada su “naturaleza disruptiva”, escenarios que no serán objeto de criminalización“.

De otro lado, en el texto se advierte que “la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, en los casos en que se presentan grandes aglomeraciones, por regla general, la fuerza pública no podrá hacer uso de mecanismos para disolver la protesta pacifica”.

“La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. en sede de tutela, explicó que “no todo acto desafiante constituye violencia y, en esa medida, tal conducta está bajo amparo el derecho a la protesta. Además: si la misma se enmarca en eje terreno, ello no faculta a la fuerza pública a actuar desmedidamente ni tampoco a causar lesiones ni a realizar arrestas sin el pleno del cumplimiento de los lineamientos legales. Menos a hacer uso indiscriminado de aquellas que aún siendo catalogadas como “menos letales”, tienen la capacidad de lacerar e incluso, causar efectos fatales por manipulación inadecuada de los artefactos de dotación asignados para el servicio, pues en últimas se trata de un objeto peligroso.“, faculta.

• Trato con la fuerza pública ¿Cómo se interpretará?

La directriz establece que “están amparados ciertos actos contra las autoridades públicas, como lenguaje verbal fuerte, expresiones vehementes de inconformidad. gestión o producción de imágenes desobligantes“. Es decir, si un manifestante es violento con la Policía, por alguna de estas expresiones, serán los fiscales quienes deben evaluar una “eventual legítima defensa”. 

“O si la violencia fue cometida por un grupo reducido de personas luego de la dispersión de la mayoría manifestante, es posible que esta no guarde relación con la protesta ocurrida momentos antes, entre otras”, aclara.