Entes de control alistan decisiones contra responsables de sobrecostos en contratos para atender coronavirus
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La Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía, tienen listas las primeras decisiones contra los funcionarios responsables de millonarios sobrecostos en la adquisión de mercados y elementos médicos para atender la emergencia por el coronavirus tanto a nivel municipal como departamental.
Los millonarios sobrecostos fueron detectados por los equipos especiales encargados de revisar 7.756 contratos firmados tanto por gobernadores como alcaldes.
En unos productos, los sobrecostos superan hasta en un 1.700 % o un 900 % los valores reales, según los entes de control.
También, hay documentados casos en los que se cobraron valores de contratos que no se ejecutaron en su totalidad.
En Guaduas (Cundinamarca), los peritos descubrieron que los sobrecostos se registraron en dos contratos por 560 millones de pesos para mercados y kits de aseo para la población vulnerable.
Allí algunos productos de plaza fueron adquiridos por valores que superan en un 1.788 % y un 979 % su costo real.
En Ocaña (Norte de Santander), los entes de control hallaron un contrato por 112 millones de pesos para la compra de elementos de protección del coronavirus cuando el valor comercial de exactamente lo mismo es de 79 millones de pesos, es decir se pagaron 33 millones de pesos de más en ese solo contrato.
En Puerto Gaitán (Meta), según la Contraloría General, se contrató con un sobrecosto del 26 % la compra de mercados por mil millones de pesos.
En La Unión (Valle), también se detectaron irregularidades en la compra de mercados para ayuda humanitaria, por cada kit que vale 43 mil pesos se facturaron 80 mil pesos, el total del contrato fue de 80 millones cuando su valor real es de 45 millones.
En las gobernaciones de Arauca, Meta y Guaviare, también se detectaron millonarios sobrecostos.
Con todas estas advertencias ocho municipios decidieron ajustar los contratos para atender la emergencia: Chía, Guaduas y Tabio en Cundinamarca, Acacías y Puerto Gaitán en Meta, Sincelejo y Coveñas en Sucre, y Guaitarilla en Nariño.
Las primeras decisiones contra funcionarios y contratistas serán anunciadas antes del fin de semana por la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía.