Excombatientes de Farc demandan proceso de entrega de sus bienes
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A principios de año el gobierno informó que los exintegrantes de las Farc sólo entregaron el 8% de los bienes del total de lo que se habían comprometido, mediante un inventario realizado en 2017 y cuyo valor fue tasado en 548 mil millones de pesos.
La gran pregunta que muchos se hacen es si habrá lugar a sanciones o a una eventual exclusión de la JEP por cuenta de las fallas en esta entrega de bienes con la que estaba prevista la reparación de sus víctimas.
Noticentro1 CM& conoció que el Consejo de Estado admitió una demanda, presentada por los excombatientes hoy congregados en el Partido Comunes, con la que pretenden enmendar los errores de este proceso fallido.
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La demanda pide tumbar las normas que le exigieron a los excombatientes garantizar la entrega material de los bienes, responder por su cuidado e integridad, y entregarlos en el plazo convenido hasta diciembre de 2020.
“Aquí lo que tiene que modificarse es que nosotros no tenemos esa responsabilidad de custodia de los bienes porque no tenemos ningún instrumento para ello. Nosotros no somos autoridad para poner a una persona a que cuide. Llega la gente a invadir o a llevarse cosas y nosotros cómo vamos a decir, no lleguen aquí. Lo que se establecería es que al Estado le correspondan esas funciones. Y a nosotros nos ratifique la función de disponer de esa información, de ir y mostrar esa información bajo la responsabilidad del Estado. Que los términos que puso de temporalidad son muy incoherentes“, expresó Pastor Alape, vocero del Partido Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
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Según el Partido Comunes, varios excombatientes han muerto custodiando esos bienes y la situación de seguridad en los territorios no es la propicia para ese proceso.
El Gobierno se ha opuesto a la medida cautelar solicitada por los excombatientes en el marco de esta demanda.
“Los exintegrantes de las Farc que suscribieron el inventario de bienes deben garantizar su entrega material y responder por su cuidado e integridad. Vemos que la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la norma es una forma de desatender los compromisos adquiridos para la reparación de las víctimas“, aseguró el ministro de Justicia Wilson Ruiz.
“Aquí en ningún momento se trata de burla a las víctimas se trata de que se hagan los ajustes normativos concretos y reales que obliguen a cada ciudadano y a cada funcionario del Estado cumplir con sus responsabilidades“, destacó Alape