‘Fiscalía y Procuraduría deben apoyar investigaciones contra aforados’: Corte Constitucional
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CM& conoció los resultados de la cumbre que se llevó a cabo en Pasto entre el presidente de la República, el ministro de Justicia, el fiscal general de la Nación, el procurador general y los presidentes de las altas cortes.
El encuentro que tuvo lugar a altas horas de la noche y fue precedido por el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, quien por primera vez y de forma excepcional asumió la vocería y expuso las propuestas que se deben tener en cuenta para la reestructuración de la Rama Judicial.
Para ello se planteó el hecho de tomar medidas inmediatas tales por temas de coyuntura, así como medidas a largo plazo.
En ese punto se planteó la implementación de medidas de autorregulación que no implican reformas normativas, “tales como cambios a los reglamentos internos y códigos de ética de las altas cortes”.
También se propone que funcione la institucionalidad, esto es la Fiscalía para los no aforados y la Cámara de Representantes, para los aforados.
Se afirma que “los órganos de control, en particular, la Fiscalía y la Procuraduría, apoyarán de manera pronta y efectiva a la Cámara de Representantes para el desarrollo de las investigaciones que le competen y para la práctica de pruebas”.
Por ello se pone como punto límite de aquí a diciembre de 2017 para obtener resultados concretos y se sepa toda la verdad de lo ocurrido en la Rama Judicial.
Medidas estructurales:
En este aspecto se planteó ante el Gobierno que en cuanto a los temas principales de una reforma estructural a la justicia, esto se dará a conocer una vez se socialicen las iniciativas con la sociedad civil (facultades de derecho, ONG’s, usuarios, etc.).
Se estableció que la Corte Constitucional, a través de su Presidente, participará en las propuestas de reforma a la justicia.
- Revisión del juzgamiento penal, disciplinario y fiscal de los de magistrados de altas cortes y Fiscal.
- Revisión de las funciones electorales de las altas cortes.
- Revisión del Gobierno y administración de la Rama.
- Revisión del órgano disciplinario de jueces y abogados.
- Requisitos y procedimientos de elección de magistrados de altas cortes.
- Reforma a los estudios de derecho y en particular, mayores controles a las facultades de derecho “de garaje”.
- Requisitos más exigentes para ejercer la profesión, como por ejemplo un examen de Estado.