Gobierno recurre ante la CIDH la decisión del CNE de investigar la campaña de Petro
Petro ya acudió a la CIDH cuando la Procuraduría lo suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, y que al final fue declarada nula por el Consejo de Estado
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El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada el martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por supuestamente violar los topes electorales.
Así lo anunció este miércoles el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, en una rueda de prensa en la que aseguró que ayer mismo recurrieron ante esta instancia ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.
El CNE consideró ayer que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.
Rojas, que ejerce como canciller encargado mientras el titular, Luis Gilberto Murillo, está de viaje oficial en China, reiteró hoy que se trata de “una situación que puede ser muy grave para la democracia en Colombia”, pues “se ha desconocido el fuero que como derecho le asiste al presidente”.
“Este es un procedimiento que es muy peligroso para la democracia, yo lo llamo golpe a la democracia“, afirmó Rojas, que lo ha comparado con lo que el proceso de destitución que vivió Dilma Rousseff en Brasil en 2015: “en menos de 30 días fue destituida en un procedimiento similar”.
Petro ya acudió a la CorteIDH cuando la Procuraduría (Ministerio Público) le suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en el trámite de un contrato de recogida de basuras.
Entonces, la CorteIDH determinó que sus derechos políticos fueron afectados por la sanción disciplinaria de la Procuraduría, quien no tiene competencias para inhabilitar a un funcionario democráticamente electo.
Por ello, el Consejo de Estado declaró nula la destitución e inhabilitación por 15 años que le impusieron en esa ocasión.
Ahora Petro busca una medida similar siendo presidente y con la decisión tomada ayer del CNE, a pesar de que apenas es la apertura de la investigación administrativa y todavía no hay ninguna resolución tomada.
La investigación del CNE
Según el comunicado del CNE, la Sala Plena del organismo electoral “decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores”.
Igualmente afecta al Movimiento Político Colombia Humana, al que pertenece Petro, y al partido político de izquierdas Unión Patriótica.
“En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares de hoy)”, agregó el CNE, y de “1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)” en la segunda.
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), del partido Polo Democrático Alternativo y de la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.
Tampoco las donaciones del partido Colombia Humana y de la USO que se presume que fue gastado en pagos de la fiesta de celebración de su elección presidencial, a testigos electorales y en transporte aéreo, entre otros.
La decisión del CNE no deja claro el grado de responsabilidad de Petro, que tiene inmunidad y solo puede ser investigado formalmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en las presuntas irregularidades electorales, ni si los cargos son formulados a nombre propio o como parte del equipo de campaña.