Hay presunta cartelización de contratación en alcaldías Kennedy y San Cristóbal: Veeduría Distrital

Luego de hacer una exhaustiva revisión a la contratación del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, entre julio de 2020 y junio de 2021, la Veeduría Distrital evidenció fallas en las etapas contractuales de contratos celebrados por esta Alcaldía Local.

Para ello, se seleccionaron 50 expedientes contractuales por más de 21.220 millones de pesos‬, principalmente en contratación directa.

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En la revisión se evidenciaron debilidades en la publicidad en el SECOP, el diligenciamiento del Formato Único de Hoja de Vida, el análisis del valor estimado del contrato, la definición de perfiles en los contratos de prestación de servicios el cumplimiento de la política “Talento no Palanca”, el uso de matrices de riesgos previsibles, la ejecución de contratos antes de contar con la cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, la gestión documental de los expedientes contractuales, e inclusión de cláusulas excepcionales que no pueden pactarse.

Frente a ciertos contratos objeto de evaluación, se encontró que: se publican adendas por fuera del plazo máximo legal, el alcalde local se habría desentendido de la supervisión de algunos de ellos, algunos iniciaron su ejecución antes de contar con los requisitos, no es posible establecer el estado de ejecución de algunos, hay varios no liquidados oportunamente, y se contrataron impresos sin evidencia de haber cumplido con la norma de tener priorizar a la Imprenta Distrital.

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La Veeduría remitió copia a la Contraloría Distrital para que examine si en el convenio por $ 2.076 millones de pesos, para realizar mantenimiento a procesos de restauración en la estructura ecológica principal, se incurrió en daño patrimonial en la estimación del valor en especie aportado por el Fondo de Desarrollo Local, estimado en $928.547.797

Finalmente, la Veeduría Distrital remitió este informe a la Superintendencia de Industria y Comercio para que determine si este modus operandi constituye una práctica de cartel, restrictiva de la competencia, así como a la Fiscalía General de la Nación.