JEP imputa a seis antiguos jefes de las FARC por reclutamiento de más de 18 mil niños
Entre los imputados está Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, por los hechos “que ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016”
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este miércoles a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko‘, como “máximos responsables” por el reclutamiento forzado de 18.677 niños para el conflicto armado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que seis exintegrantes del secretariado de las FARC “son máximos responsables por estos graves crímenes”, dijo en una rueda de prensa el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli.
Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad, además de Londoño, son Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, los dos últimos, senadores por el partido Comunes, en el que se transformaron las FARC para hacer política.
Infancia reclutada
Según la JEP, entre 1971 y 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz, las FARC “reclutaron a 18.677 niños y niñas. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la Sala concentró su investigación” del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
Las imputaciones son también por “malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio”.
En las filas de las FARC, “niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos“, señala la imputación.
Estas violencias ocurrieron de “manera sistemática y frecuente” en diversas partes del país. “Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 % de las víctimas reclutadas registradas. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 % reportaron haberlas sufrido“, desglosó la información.
La JEP recordó que en el Caso 07 participaron 9.854 víctimas. De ellas, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas afectados y 951 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de niños reclutados desaparecidos.
En sus investigaciones, la Sala determinó que cada uno de los seis comparecientes, con sus “acciones y omisiones” durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados.
En el caso de Rodrigo Granda, que hizo parte del último secretariado de las FARC como suplente, pero no fue imputado, la Sala encontró que “no participó en la definición ni en la implementación de políticas nacionales sobre la incorporación de personal ni en la regulación de la vida intrafilas”.
La JEP explicó que se entiende como “máximo responsable” a una persona, que por su liderazgo, tiene una posición de jerarquía o autoridad que le permite influir en la organización y en la definición de las políticas y condiciones que dan lugar a la ejecución de patrones de macrocriminalidad.
Marcas imborrables
La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que los seis comparecientes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla.
“Como integrantes del último Secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización -en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques- y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra“, explicó la JEP.
La Sala determinó que los niños reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad.
“A ellos y ellas les fueron negadas herramientas emocionales, sociales y educativas que son cruciales para proyectar la vida en sociedad, y sus vivencias dentro de las filas les dejaron huellas físicas y emocionales profundas que hoy permanecen”, explicó el alto tribunal.
La JEP concluyó que las “afectaciones más profundas derivan de la exposición permanente a la muerte y de la ansiedad y el sufrimiento generados por diferentes violencias sufridas dentro de las filas”.
Por ejemplo, quienes padecieron violencia sexual y violencia reproductiva, sufrieron “graves lesiones corporales y emocionales relacionadas a su ser sexual, afectivo y maternal, que se extienden a su vida adulta“.
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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 13, 2024