Las ONG apoyan a la JEP en la búsqueda de máximos responsables en ‘falsos positivos’

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del espacio de litigio estratégico respaldaron la decisión de la JEP orientada a determinar a nivel nacional los más altos responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

Para los defensores de derechos humanos, la justicia ordinaria debe avanzar en investigación y sanción a funcionarios del alto Gobierno por “falsos positivos”.

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Las organizaciones defensoras de derechos humanos piden a la Fiscalía y la Comisión de acusación deben actuar de manera complementaria a la JEP.

Liliana del pilar castillo del espacio de litigio estratégico dijo en entrevista con NotiCentro 1 CM&: “saludamos la decisión de la JEP. Consideramos que es importante que se abra un caos nacional en el que se escale a investigar las responsabilidades de altos mandos militares y también de civiles que ocuparon cargos importantes”.

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Según las ONG, la JEP reconoce la existencia de una política criminal que se replicó no solo en las seis regiones priorizadas en los subcasos, sino en prácticamente todos los departamentos del país y en todas las unidades militares.

”Lo cierto es que los escenarios de justicia deben comprometerse con las víctimas y llamar a aquellos civiles que ostentaron altos cargos durante el período álgido de las ejecuciones extrajudiciales”, señaló Castillo

Según el espacio de litigio estratégico existía el conocimiento de las más altas instancias del gobierno de esta práctica de ejecuciones extrajudiciales conocidas hoy como falsos positivos.

Según el espacio de litigio estratégico, la sala también recoge en su decisión los patrones que permiten concluir la existencia de esta política, como fueron el conteo de cuerpos como indicador, las directivas de recompensas y la estigmatización de la población, los cuales condujeron a la práctica de las ejecuciones extrajudiciales.

“Lo anterior fue documentado en los diversos informes que le presentamos a la JEP, y en particular en el informe “ellos sabían, dieron la orden”, que presentamos en mayo de 2022. En este, incluimos la documentación que prueba el conocimiento temprano que las más altas instancias del Gobierno tuvieron de esta práctica: presidencia de la república, Ministerio de Defensa, oficina del alto comisionado para la paz, entre otras”, expresó Liliana del Pilar Castillo

De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, en el informe también dieron cuenta de “la existencia de discursos de odio que pretendieron dividir a la sociedad entre quienes apoyaban la política de seguridad democrática y quienes no; siendo estos últimos catalogados como “el enemigo a eliminar” en distintos discursos desde el alto Gobierno”.