Los cuestionamientos de sindicatos del Inpec al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
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Los sindicatos de guardias del Inpec denuncian que dos disposiciones del “Proyecto de Ley de seguridad ciudadana” son irregulares y fomentan la privatización del sistema penitenciario.
Los sindicatos cuestionan que el artículo 62 del proyecto, aprobado recientemente, faculte a las alcaldías y gobernaciones para la contratación de empresas de vigilancia privada para la custodia de quienes están sindicados de delitos en centros transitorios y cárceles distritales o municipales.
“El gobierno está promoviendo que se vuelvan a crear cárceles como La Catedral de Envigado. Esta cárcel fue construida por concesión y financiada por el Cartel de Medellín. Ahorita fácilmente con tanto perfil delictivo pueden financiar un alcalde, montar una empresa de vigilancia y construir su cárcel y poner sus propios custodios para él y sus cómplices”, advirtió Oscar Robayo Rodríguez, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, advirtió que lo que “se pretende con ese artículo es dar la facultad para que empresas de vigilancia contraten bodegas y ahí tengan a privados de la libertad, sindicados y cualquier otra situación diferente a los condenados”.
“Se nos ha informado que en Puente Aranda han querido arrendar bodegas para tener personas privadas de la libertad, sindicados”, agregó Barrera.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, advirtió que “esta iniciativa se contempló para que los entes territoriales puedan hacerse cargo de los sindicados y no se destinen policías”.
Manifiesta que la prestación de servicios de vigilancia privada es un tema que ya existe. “En la ley 65 de 1993 se faculta los alcaldes y gobernadores para que definir la operación de vigilancia en los centros de detención y/o reclusión a su cargo y basado en esta norma la vigilancia o alianzas con la vigilancia privada ya existen en ciudades como Barranquilla y Bogotá”, agregó Ruiz.
Los sindicatos critican, asimismo, que el proyecto autorice alianzas público privadas para la construcción de cárceles