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Nacional

En tan solo cuatro días, más de mil personas fueron desplazadas por hechos violentos

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En tan solo cuatro días, más de mil personas fueron desplazadas por hechos violentos

Debido a hechos violentos presentados en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare, más de 1.000 personas han tenido que desplazarse de su territorio entre el 17 y el 20 de enero.

La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades para que tomen medidas que garanticen los derechos de estas personas. 

El primer hecho provocó el desplazamiento forzado de 45 familias en el municipio de Magüi Payán (Nariño), se trató de un enfrentamiento ocurrido el 17 de enero entre miembros del ELN y disidencias de las FARC. 

El segundo caso se produjo luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré, Córdoba, el 18 de enero. Debido a esto y a las amenazas realizadas por los miembros del grupo denominado “Caparrapos” así como por los enfrentamientos de dichos integrantes con las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 75 familias tuvieron que salir de la zona. 

Asimismo, el 19 de enero por  la presencia de hombres armados que se movilizaban por sus tierras, 149 familias fueron desplazadas del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia) y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia.  

Por último, el 20 de enero tres familias del municipio de Para, Boyacá, se desplazaron por la ocurrencia de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, y el mismo día en la vereda La Esperanza del municipio de Buenaventura, se dio el estallido de un artefacto explosivo y presencia e intimidación por parte del ELN a miembros de la comunidad.

Por estos hechos, Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo, realizó un llamado a las autoridades para disponer las medidas necesarias para la atención integral a la población desplazada y para protección a quienes están en riesgo de desplazamiento. 

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