Imputan a 24 militares por la masacre en Putumayo en marzo de 2022, que dejó 11 muertos
La Fiscalía explicó de manera detallada la manera en cómo integrantes del Ejército dispararon contra miembros de población civil en el corregimiento de Alto Remanso
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La Fiscalía imputó a 24 militares, entre ellos un teniente coronel, el delito de homicidio en personas protegidas, derivado de su participación en una operación realizada en marzo de 2022 en el departamento del Putumayo, en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.
Los vinculados son tres (3) oficiales, cuatro (4) suboficiales y 17 soldados. Entre las víctimas del homicidio están un gobernador indígena, un líder social y un menor de edad, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del caserío Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, en esa ocasión organizaciones sociales dijeron que en realidad se trató de una masacre de indígenas que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
Líderes comunitarios denunciaron que incluso el Ejército le puso botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.
Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias “Bruno”, parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por alias “Iván Márquez”.
La Fiscalía explicó este viernes que las evidencias dan cuenta de que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, en inmediaciones de la población fue dispersada una unidad táctica para ubicar a alias ‘Bruno’.
Luego de varias horas de observación, y “con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona“, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, “portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal“.
Según la Fiscalía, durante “dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación”.
En esa operación militar murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que “permanecían en estado de indefensión”.
Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los 24 integrantes del Ejército los delitos de “homicidio en persona protegida” y “homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa”, en referencia a las personas que resultaron heridas en la operación.
Los cargos no fueron aceptados por los militares.
La #Fiscalía presentó ante una juez de control de garantías a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de 11 civiles el 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, #Putumayo. Fueron imputados por los… pic.twitter.com/5QONtY6Ai8
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 19, 2024
Cuestionamientos al exministro de Defensa, Diego Molano, por el hecho
Diego Molano, quien fue el ministro de Defensa durante el Gobierno de Iván Duque, defendió la ‘operación militar’, argumentando que se trataba de una acción contra grupos armados organizados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, congresistas y testigos locales denunciaron que entre las víctimas había civiles y no todos eran miembros de grupos armados, como inicialmente se informó.
Molano enfrentó críticas y llamados a rendir cuentas sobre la planificación y ejecución de la operación. Se le cuestionó sobre la veracidad de la información proporcionada por el Ejército y la falta de precaución para evitar víctimas civiles.
La controversia generó un debate sobre la responsabilidad del Estado y sus fuerzas armadas en la protección de la población civil durante operaciones contra grupos armados.