Ordenan al gobierno definir protocolo para otorgar UCIs en situaciones excepcionales

La Corte analizó una tutela que presentaron decenas de adultos mayores con enfermedades crónicas que cuestionaron un documento que el Ministerio de Salud emitió durante la pandemia del Covid-19, con recomendaciones éticas para la asignación de unidades de cuidados intensivos.

Según los accionantes, dicho documento promovía un trato discriminatorio hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, pues advertía que los médicos debían tener en cuenta criterios como la “edad”, las “comorbilidades” y la “posibilidad de supervivencia” para dedicarse al cuidado crítico de un paciente.

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La Corte, con ponencia de la magistrada Doana Fajardo, acogió esta tutela y le ordenó al Ministerio de Salud que adopte un protocolo con el “marco técnico, ético y jurídico, general, con enfoque bioético y de derechos humanos, sobre los ejercicios de priorización en situaciones excepcionales”. El protocolo “deberá garantizar el principio de no discriminación en sus contenidos y promover y garantizar, al máximo de las posibilidades, la participación e información en la construcción de tal acto”.

“La Sala destacó que la omisión del Ministerio de emitir un acto, con carácter vinculante, sobre la materia resultaba contraria a los derechos a la igualdad y no discriminación y a la salud, por cuanto su ausencia permite la aplicación de estándares fragmentados, por lo que es necesario que existan parámetros mínimos uniformes para todo el país, lo cual también contribuye a que las personas puedan recibir un trato igualitario”, agrega el fallo