Organizaciones sociales protestaron en Jericó, Antioquia, a favor de la minería

Durante el fin de semana se desarrolló el llamado ‘Carnaval por el Respeto y el Trato Digno’ en Jericó, Antioquia, el cual contó con la asistencia de artistas, músicos, amas de casa, estudiantes, trabajadores y profesionales de distintas áreas.

Se firmó un documento que recoge más de mil firmas verificadas y autenticadas, para solicitar al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, las pruebas científicas o investigaciones metodológicas en contra de la minería.

Para la comunidad este hecho sin duda afecta la estabilidad económica de una región y de cientos de familias que dependen de la actividad minera.

“Cuando el presidente de la República vino a Jericó, con él, llegaron por lo menos 15 chivas y distintos carros que transportaban a personas de otras regiones de Colombia y que no conocen de la realidad de nuestro municipio ni del proyecto minero”, explicó Jhon Jairo Henao, de Jericoanos con Visión.

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También dijo: “No viven acá y fueron a ellos a quienes se les permitió entrar al evento, mientras que, a los perícianos, que desde hace décadas vivimos acá, se nos impidió el ingreso. No fue un acto en el que participaron todos los actores, por lo contrario, arropados en supuestos ideales sociales, engañaron a buena parte de la opinión con supuestos estudios que no han sido socializados”

De otro lado, cabe precisar que la iniciativa podría extenderse a todo el departamento, dada la difícil situación que podría derivar en una calamidad económica y social que afecta directamente a por lo menos 4 mil familias jericoanas.

“Estamos pensando en salir de nuestro municipio y extender nuestro Carnaval por el Respeto y Trato Digno por las carreteras que conectan al departamento con la capital del país hasta llegar a la Plaza de Bolívar”, manifestó Carolina Cardona, líder social y representante del Club de Gimnasia de Jericó.

Varios actores de la sociedad en esta zona del país instalarán una asamblea permanente para definir las acciones legales que se pueden tomar en torno a la decisión del Gobierno de detener los proyectos mineros.