Por caso ‘Yidispolítica’ exdirector del Dapre del gobierno Uribe, fue condenado por la Corte Suprema
La Corte negó a Bernardo Moreno la posibilidad de una condena de ejecución condicional y de la prisión domiciliaria
- Condenan al exgobernador de Magdalena, Francisco Infante, por corrupción en contratos
- Fiscalía asume investigación por denuncia contra magistrados que formularon cargos a Petro
Bernardo Moreno Villegas, uno de los alfiles del gobierno del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este martes por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción denominado “Yidispolítica”.
Los hechos por los cuales Moreno Villegas fue condenado sucedieron
cuando fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010.
Le puede interesar: Thomas Greg pide que le paguen 107 mil millones, tras fallida licitación para expedir pasaportes
La Corte determinó que, estando en ese cargo, influenció indebidamente en cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas allegadas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla para beneficio de la misma.
Así, personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en Etesa, el Sena, y en notarías.
Por lo anterior, la Corte tomó medias significativas tras hallarlo responsable del delito de tráfico de influencias y por el que también han sido juzgados y condenados varios excongresistas.
Le recomendamos leer: Petro anuncia montos de recompensa a quienes denuncien compra de votos: difunden caso en Bolívar
- La Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas a una pena de 5 años y 7 meses de prisión.
- También le impuso una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, con fundamento en las
consideraciones de la sentencia.
Es importante destacar que la Corte negó a Bernardo Moreno la posibilidad de una condena de ejecución condicional y de la prisión domiciliaria. Por lo tanto, se ha ordenado su captura, que será efectiva una vez que la sentencia se encuentre en firme.