Primer juicio disciplinario de la JEP a excoronel que no ha aceptado delitos imputados
De acuerdo con la acusación, entre diciembre de 2001 y enero de 2003, Mejía “ideó, diseñó y ejecutó un plan que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate
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El juicio contra el coronel retirado del Ejército colombiano Publio Hernán Mejía, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, el primero en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comenzó este miércoles en Valledupar, en el caribe colombiano.
Se trata del primer juicio disciplinario a un acusado que no ha aceptado los delitos imputados por esta justicia transicional o que no ha mostrado la suficiente colaboración durante el proceso especial brindado por la JEP, la jurisdicción creada por el acuerdo de paz con las FARC en 2016 para juzgar crímenes de lesa humanidad.
En este caso, Mejía, juzgado por asesinatos extrajudiciales de jóvenes inocentes (“falsos positivos”), no quiso reconocer su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados por la JEP que le halló máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Por ello, el excoronel fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP), que actúa como un juzgado más tradicional y donde el acusado se puede llegar a enfrentar a la pena máxima que pide la Fiscalía de la JEP, que son 20 años de prisión.
Una investigación rigurosa
El director de la UIA de la JEP, Giovanni Álvarez, aseguró hoy que los fiscales de la JEP “han adelantado una investigación rigurosa que nos permitió presentar la acusación (…) y vamos a pedir una sentencia condenatoria del hoy acusado Publio Hernán Mejía”.
La Fiscalía de la JEP le acusa ahora en este primer juicio del asesinato de 72 ciudadanos inocentes, un crimen “motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad, y con el que (Mejía Gutiérrez) pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional” en calidad de comandante del Batallón La Popa de Valledupar.
Antes de ingresar a la diligencia Mejía dijo a periodistas: “Mis condolencias y consideración a las víctimas, pero yo no soy su victimario, soy un soldado de honor”.
Mejía, que fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, enfrenta cargos graves relacionados con ejecuciones de civiles cometidas entre 2002 y 2004 en el conflicto armado colombiano, conocidos como “falsos positivos”.
La denominación de “falso positivo” hace referencia a uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano, a las ejecuciones de civiles por el Ejército que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios. En total, la JEP asegura que hubo al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que investiga este tribunal especial.
Plan criminal
De acuerdo con la acusación radicada en julio del año pasado por la UIA, entre diciembre de 2001 y enero de 2003, Mejía “ideó, diseñó y ejecutó a través de un “ilegal Aparato Organizado de Poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate”.
Entre las víctimas estaban menores de edad, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad económica e integrantes del pueblo indígena kankuamo.
El proceso contra el alto militar ha sido denominado por los fiscales a cargo de la investigación como “el tren del horror: un caso de homicidios, desapariciones y torturas en el departamento del Cesar”.
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a víctimas del conflicto, dijo en un comunicado que el juicio “representa un avance significativo para las víctimas, quienes esperan que, tras cerca de 20 años de lucha contra la impunidad, Mejía Gutiérrez reciba una condena por estos graves hechos”.
El organismo recordó que el exmilitar ha negado su participación en la “planeación, ejecución y encubrimiento de esta práctica que dejó por lo menos 6.402 víctimas a lo largo y ancho del territorio”.
El juicio oral, que será de carácter público, se desarrollará del 18 al 20 de septiembre de 2024 en Valledupar (Cesar). En octubre habrá dos audiencias, en noviembre otras cuatro y cerrará el 3 y 4 de diciembre.