Prisión preventiva para exlíder paramilitar Jorge 40 por asesinato de exdecano
En una audiencia el 7 de junio de 2022, Tovar aceptó su participación en los hechos y se sometió a una sentencia anticipada y ahora la Justicia tiene que emitir la sentencia
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La Justicia envió a prisión preventiva al exlíder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, por su presunta responsabilidad en el asesinato del exdecano de la Universidad de Magdalena Roque Alfonso Morelli Zárate, ocurrido en 2002, informó este martes la Fiscalía.
El docente de la Facultad de Educación de esta universidad de la costa Caribe “fue atacado con armas de fuego el 5 de septiembre de 2002, en Santa Marta (Magdalena)”, en un atentado atribuido a integrantes del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que lideraba entonces ‘Jorge 40’.
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En una audiencia el 7 de junio de 2022, Tovar aceptó su participación en los hechos y se sometió a una sentencia anticipada y ahora la Justicia tiene que emitir la sentencia.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía también vinculó hoy de manera formal al exlíder de las AUC Salvatore Mancuso, quien va a ser extraditado este martes de Estados Unidos a Colombia, precisamente para rendir cuentas ante la Justicia colombiana.
Temido jefe paramilitar
Cuando ‘Jorge 40’ regresó a Colombia en septiembre de 2020 tras cumplir una pena en Estados Unidos por narcotráfico. Las autoridades dijeron en ese momento que el exparamilitar tenía más de 1.486 investigaciones activas.
Esto por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado, en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron a sangre fría al menos a 60 personas en febrero de 2000 en el caribeño departamento de Bolívar.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes, como ‘Jorge 40’ o Mancuso, perdieron esos beneficios y muchos acabaron extraditados a EE.UU., por narcotráfico y otros delitos conexos.