Conozca las claves del proyecto de ley para reformar Código General Disciplinario
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La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello radicó ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario.
La iniciativa está encaminada principalmente a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.
El ente de control acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La propuesta legislativa se concentra en tres puntos:
Facultades jurisdiccionales
La Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
División en las fases investigativas
De esta manera, la Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso, sean atendidas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.
Doble instancia
Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.
“El presente proyecto en consecuencia fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte IDH”, señaló la procuradora.
De esta manera, la entidad pretende fortalecer su capacidad disciplinaria para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad.
A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores.