Cargos a exgerente de la Industria Licorera del Cauca por anomalías en orden de publicidad
El Ministerio Público también formuló cargos contra otros dos exfuncionarios de esa empresa: estas fueron las irregularidades que detectaron
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La Procuraduría presentó pliego de cargos contra Luis Felipe Rebolledo Manzano, exgerente de la Industria Licorera del Cauca, por presuntas irregularidades en la firma del acta de liquidación de una orden de publicidad por aproximadamente $17 millones.
Al contratista se le acusa de haber utilizado esos fondos para difundir contenido que no estaba relacionado con la empresa.
La Regional de Instrucción del Valle del Cauca señaló que el 3 de septiembre de 2019, Rebolledo firmó un documento que liberaba al contratista de cualquier responsabilidad, pese a que la ejecución de la orden concluyó el 30 de junio, aunque estaba programada hasta el 31 de diciembre. Además, desde el 2 de agosto se había comenzado a difundir publicidad que no correspondía con los intereses de la empresa, anotó el Ministerio Público.
En un segundo cargo, la Procuraduría criticó que el exgerente no tomó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato ni hizo efectiva la garantía estipulada, permitiendo así que las vallas publicitarias fueran utilizadas durante casi cinco meses para promover material ajeno a la empresa.
Debido a la presunta violación de los principios de moralidad y responsabilidad en ambos casos, la Procuraduría calificó provisionalmente las acciones de Rebolledo Manzano como faltas gravísimas cometidas con dolo.
Asimismo, se formularon cargos contra Angélica Montilla Montilla, exjefa de la División Jurídica de la Industria Licorera del Cauca, y contra Carlos Andrés Ordóñez Erazo, quien fue el supervisor de la orden de publicidad en cuestión.
Se acusó a Montilla de haber revisado y avalado la firma del acta de liquidación por parte de Rebolledo, ignorando las irregularidades en el contrato y el uso indebido de las vallas publicitarias. En cuanto a Ordóñez, se le reprocha no haber ejercido sus facultades de administración y haber firmado el acta de liquidación sin verificar el cumplimiento total del contrato.
Al igual que en el caso de Rebolledo, la Procuraduría calificó provisionalmente las posibles faltas de Montilla y Ordóñez como gravísimas, cometidas con dolo.