¿Quién es Alejandro Lyons y por qué es investigado?

Alejandro José Lyons Muskus, tiene 39 años y nació en Sahagún, Córdoba. Ha cursado estudios sobre derecho penal, constitucional y contratación estatal, y es paradójicamente una de las personas más investigadas en el país.  

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Su candidatura a la Gobernación de Córdoba ha sido una de las más polémicas, en el 2011 cuando los ciudadanos empezaron a escuchar el nombre de Alejandro Lyons, solo faltaban 6 meses para que se cumpliera la fecha de los comicios que ganó con más de 320.000 votos.

Lyons llegó a este importante cargo de la mano del Partido de la U, y con el apoyo de Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile y la exsenadora Zulema Jattin, todos investigados por presuntos hechos de corrupción.

Ya estando en el poder comenzó a formar un grupo político propio y a distanciarse de sus aliados Besaile y Elías, aunque con el ‘Ñoño’ guarda un parentesco familiar debido a su relación con Johana Elías.

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Lyons tiene los ojos de la justicia colombiana encima por diversos escándalos de corrupción que han salido a la luz después de su salida de la gobernación.

Irregularidades en regalías

Estas irregularidades están relacionadas con la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de $85.700 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La Procuraduría comprobó que Lyons sacó provecho de estos convenios para enriquecerse.

Terapias a menores de edad en condición de discapacidad

La Fiscalía investiga el desembolso de pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad, que dice la entidad se realizaron de forma irregular.

El ente acusador indaga a dónde fueron a parar más de 4.988 millones de pesos destinados para los tratamientos, y que fueron autorizados por los exmandatarios.

Las irregularidades ocurrieron entre 2014 y 2015, periodo en el que se suscribieron más de ocho resoluciones, con las que se ordenó desde la gobernación el pago de los procedimientos médicos.

‘Cartel de la hemofilia’

En este caso se utilizaban personas que fingían padecer hemofilia y por medio de ellas se hacían cobros para medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, POS. Después de esto, el dinero habría sido redistribuido entre “pacientes” y varios funcionarios públicos de la Gobernación de Córdoba, que manejaba en ese momento Lyons.

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La Fiscalía presentó un informe detallado de la manera en que Musa Besaile habría recibido de manos de Lyons $2.100’000.000 para el financiamiento de su campaña electoral.

De esta forma, más de $1.525’000.000 para del suministro de medicamentos para el tratamiento de 14 pacientes diagnosticados con hemofilia, fueron entregados a una IPS en “una ficticia prestación de servicios de salud”.

‘Cartel de las pensiones’

Según las investigaciones entre 2007 y 2014, jueces, notarios, abogados y funcionarios judiciales habrían desfalcado al fondo de prestaciones sociales por más de 260.000 millones de pesos, al autorizar aumentos injustificados de mesadas pensionales.

En medio de las indagaciones, alguien asesinó a José Miguel Chica Chica, que en 2014 era supervisor de la Secretaría de Educación departamental y en 2007 había sido secretario de Educación encargado. A Chica Chica se le acusó de firmar en 2007 resoluciones reconociendo los reajustes a pensionados, pero logró aclarar que en la mayoría de los documentos su firma era falsa.

‘Cartel de la toga’

Este es un caso de corrupción judicial y política en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales anticorrupción, obtenían dinero a cambio de demorar o desviar procesos en contra de quienes sobornaban.

La Fiscalía señaló que magistrados del más alto nivel (Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez) promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, extraditado el mayo pasado a Estados Unidos; el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández.

‘Cartel de servicios odontológicos’

La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria contra Lyons por presuntas irregularidades en el pago de cerca de 3.000 millones de pesos, en servicios odontológicos especializados, tratados como urgencias vitales, que no habrían sido contratados.
La medida también cobija a los exsecretarios de Salud del departamento, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Aruachan Narváez y Edwin Preciado Lourdy.

Parte de los recursos saqueados al departamento de Córdoba fueron destinados a financiar campañas políticas y los demás a la adquisición de fincas, casas y apartamentos, bienes que en parte ya han sido sometidos a procesos de extinción de dominio.

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El último proceso abierto a Alejandro Lyons es de carácter disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación. Sobre este, el pasado 18 de junio, el ministerio público profirió pliego de cargos Lyons, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de dos convenios de cooperación en ciencia y tecnología, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por más de 43 mil 248 millones de pesos.

Este jueves el departamento de Immigration and Customs Enforcement (ICE), servicio migratorio de Estados Unidos, detuvo a Lyons cuando llegaba a su apartamento en Miami, luego de retirarle el estatus como testigo protegido, por la colaboración que adelantaba con la justicia del país norteamericano.