Sociedad Interamericana de Prensa urge justicia en el caso del asesinato de Jaime Garzón
La SIP recuerda al popular periodista y humorista político como parte de una campaña en la que insta a mantener vigente la memoria de reporteros caídos en cumplimiento de su labor informativa
- La familia de Jaime Garzón recuerda su humor y sátira, tras su asesinato hace 25 años
- El legado de Jaime Garzón 25 años después de su asesinato
Al cumplirse este martes 25 años del asesinato del periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le rinde homenaje y urge a poner fin a la impunidad en el caso, que no ha esclarecido a todos los implicados en su muerte.
La SIP recuerda al popular periodista y humorista político como parte de su campaña ‘Voces que reclaman justicia’, que insta a mantener vigente la memoria de reporteros caídos en cumplimiento de su labor informativa.
En agosto de 1999, dos personas desde una moto efectuaron cinco disparos contra Garzón, cuando el periodista y mediador humanitario se dirigía en su vehículo a la emisora Radionet, en Bogotá.
Garzón, de 38 años, había denunciado que era víctima de amenazas de muerte. Su asesinato causó gran conmoción en Colombia y generó manifestaciones de consternación y repudio.
Como periodista, Garzón impuso el humor político con un estilo particular; presentaba las noticias de forma irreverente, sarcástica y a través de personajes populares, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre paramilitares y grupos guerrilleros. Criticaba a la sociedad, el gobierno y la violencia.
⚫️📣#VocesQueReclamanJusticia – Jaime Garzón: El legado perdurable del periodista asesinado en 1999.
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— SIP • IAPA (@sip_oficial) August 13, 2024
Los implicados en el asesinato
En 2004, Carlos Castaño, comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de cárcel como autor intelectual del asesinato. Sin embargo, Castaño nunca fue detenido ni cumplió la sentencia. Fue asesinado un mes después de conocerse su condena.
Si bien “la investigación reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia, algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial”, se lamentó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien en 2018 también fue condenado a 30 años de prisión como autor intelectual del homicidio, cumple desde entonces su sentencia en una guarnición militar, no en una cárcel, según denunció Alfredo Garzón, hermano del periodista asesinado. Otros miembros del DAS, narcotraficantes y sicarios que sabían del crimen fueron asesinados.
En marzo pasado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso calificó el asesinato de Garzón como un crimen de Estado y manifestó que “la orden habría venido de más arriba“. Lo afirmó en una entrevista con el medio estatal RTVC, parte de la cual fue reproducida por Infobae.
Jornet enfatizó que “es necesario profundizar la investigación del entramado criminal e identificar a todos los responsables, tal como lo vienen reclamando la familia y los grupos de defensa de la libertad de prensa”.
Tras agotar las instancias judiciales internas, el caso fue presentado en 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La familia denunció la participación de funcionarios públicos en el homicidio y la incapacidad de la Justicia para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable.
En julio de 2022 la CIDH emitió un informe de admisibilidad. La decisión permitiría una nueva evaluación de las circunstancias del homicidio de Garzón.
El crimen del reconocido periodista no ha prescrito debido a que en 2016 fue declarado delito de lesa humanidad, por la participación de agentes del Estado y grupos paramilitares.
La familia y sus representantes legales alegan que “la investigación fue desviada por funcionarios del DAS y torpedeada por miembros de la Policía, lo que demostró que la Fiscalía no había investigado de manera seria y exhaustiva todas las hipótesis, en particular las que apuntaban a la responsabilidad penal de miembros del Ejército a pesar de los numerosos indicios y pruebas“.