Supertransporte somete a control a la aerolínea Viva Air

Mediante una resolución, la Superintendencia de Transporte impuso medida de sometimiento a control a Viva Air.

Esto impedirá que la empresa modifique estatutos o realice movimientos financieros sin la autorización previa de las autoridades competentes.

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Se solicitó a la Superintendencia de Sociedades la admisión a reorganización empresarial, por presentar una situación crítica de orden económico y administrativo.

El sometimiento de control ordena lo siguiente:

1. Presentar un Plan de Recuperación y Mejoramiento, mediante el cual
   se tomen acciones para resolver las situaciones críticas; tienen un plazo de dos días, contados a partir de la notificación.
2. Dar un reporte de información necesaria que permita determinar, el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa, de suspender la prestación del servicio público.
3. Se conmina a los administradores de Fast Colombia S.A.S en Proceso
   de Recuperación Empresarial, para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Ley.
4. Restablecer la sede administrativa y los servicios asociados a ellos, dentro de los tres días calendario.
5. Cualquier reforma estatutaria deberá ser presentada a la SuperTransporte para que la misma autorice su solemnización.
   7. Se prohíbe a los administradores y empleados, la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes y operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios, sin autorización previa de esta Superintendencia.
   8. Se advierte a la aerolínea que deberá preservar el recibido por los recursos recaudados por la venta anticipada de tiquetes, tiqueteras y por aviación no regular de pasajeros, de lo cual deberá presentar reporte en el término de tres días calendario.
6. El sometimiento a control estará vigente hasta tanto, no se superen
   las situaciones que dieron origen a la imposición de la medida.

Sanciones

Se ordenará la remoción de los Administradores y Revisor Fiscal, según sea el caso; la remoción ordenada implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por 10 años.

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Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones administrativas que se adelantan en aras de la protección de los usuarios, y las acciones penales que puedan derivarse por dichas conductas.