Ordenan captura de juez de ejecución de penas señalada de favorecer a un detenido

El Juzgado 58 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá, ordenó la captura de Martha Janeth Acosta Gutiérrez, quien se desempeñó como juez 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al parecer habría solicitado dinero para favorecer a un procesado, hechos que ocurrieron en agosto de 2013.

En este fecha, un extranjero condenado y con detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, solicitó al despacho de la funcionaria un permiso para trabajar. Según evidencias recopiladas, una abogada que sirvió de enlace, presuntamente exigió al hombre $40’000.000 para que el juzgado concediera el beneficio.

La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia y organizó un operativo en el que fue capturada la abogada, justo en el momento en el que recibía el dinero. Esta persona fue imputada por los delitos de extorsión y uso de documento público falso, y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Actualmente, tiene principio de oportunidad.

Desde agosto de 2013, la Fiscalía avanzó en las investigaciones y estableció la responsabilidad de la juez Martha Janeth Acosta Gutiérrez, quien supuestamente conocía y habría consentido la exigencia de los $40’000.000 al procesado.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha requerido en varias oportunidades a la funcionaria y ante un juez de control de garantías le imputó cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción, pero al no asistir, Acosta Gutiérrez fue declarada persona ausente, por lo que el juez del caso ordenó la captura inmediata para que cumpla medida de aseguramiento en centro carcelario.

El material recaudado ha puesto en evidencia que la abogada procesada por estos hechos trabajó con la juez de ejecución de penas, quien la habría convencido de renunciar para que se dedicara al litigio y así presionar a extranjeros o personas adineradas condenadas. Al parecer, el objetivo era ofrecer beneficios judiciales a cambio de dinero. Precisamente, se investiga la petición de $1.500’000.000 a una mujer procesada por el homicidio de un sindicalista.

De la juez se sabe que días después de la captura de su supuesta cómplice, renunció al cargo y se fue del país.