Personería denuncia grave crisis sanitaria en cárcel La Picota
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El Ministerio Público Distrital y la Secretaría de Salud denunciaron graves problemas encontrados en la cárcel La Picota de Bogotá de salubridad, alimentación y precarias condiciones de hacinamiento.
“Durante una visita se encontraron problemas en las instalaciones sanitarias, manejo inadecuado de protocolos básicos de asepsia, inadecuada manipulación de alimentos, mala disposición de basuras, cableado eléctrico expuesto, inconvenientes en la tenencia de animales, malos olores y un gran deterioro físico en las estructuras 2 y 3”, indicaron.
Salubridad
Según los denunciantes, desde finales de noviembre se originó un brote por enfermedad diarreica aguda, el cual ha afectado a 197 personas, e indican que las medidas de mitigación no han sido suficientes.
Añaden que se evidenciaron graves problemas de suministro de agua potable, baterías e instalaciones sanitarias deterioradas o inservibles, y no se ejecutan adecuadamente los protocolos de limpieza y desinfección.
“Hay presencia de basuras, filtraciones de agua contaminada con excremento de ganado en tanques para el almacenamiento del vital líquido, hongos en paredes y techos, escape de lixiviados, entre otras anomalías que facilitan la incubación y propagación de enfermedades infectocontagiosas”.
Alimentación
El Ministerio Público Distrital y la Secretaría de Salud explican que no hay una limpieza ni desinfección adecuada durante la manipulación de víveres, ni una inspección oportuna a la caducidad de los insumos para las raciones.
Así mismo, hay un riesgo latente de contaminación cruzada durante el desplazamiento de los alimentos hacia el cuarto de cocina, lo que puede originar una propagación de enfermedades a otras zonas del centro carcelario.
Ante la gravedad de los hechos, la Personería solicitó al Inpec, Uspec, Ministerios de Salud, Justicia e Interior, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, que dentro de sus competencias tomen medidas urgentes destinadas a garantizar la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales vulnerados, a fin de evitar una posible calamidad pública.