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Polémico fallo del magistrado Armenta favoreció a clanes políticos de la costa

El magistrado José María Armenta había fallado un pleito a favor, entre otros, de la familia del expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Alfredo Escobar Araujo y la Corte Constitucional tuvo qué corregir en 2013.

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Polémico fallo del magistrado Armenta favoreció a clanes políticos de la costa

José María Armenta había fallado un pleito a favor, entre otros, de la familia del expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Alfredo Escobar Araujo y la Corte Constitucional tuvo qué corregir en 2013.

En 2009, un fallo del magistrado José María Armenta resolvió entregarle 400 hectáreas de la Isla Tierra Bomba, en Cartagena, a tres familias que reclamaron la propiedad de los predios.

Sin embargo, tres años después, la Corte Constitucional revisó la sentencia de Armenta Fuentes y les restituyó 320 hectáreas, de las 400, a los nativos que tenían la posesión de la Isla y salvaguardó los derechos de posesión de los raizales.

“Procedan a restituir los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba, de aquellas personas que fueron desalojadas con ocasión del fallo del juez de instancia en tutela, al haberse materializado la devolución de las acciones en Inversiones Bocachica”.

La Corte Constitucional dijo que las tres familias que reclamaron la propiedad de la Isla sólo eran dueñas de 68 hectáreas que conformaban cinco predios y consideró inconstitucional e ilegal el despojo del cual fueron víctimas los nativos de sus tierras.

“Procedan a devolver, individual y exclusivamente, los cinco lotes ubicados en la Isla Tierra Bomba a Fernando Martínez Bohórquez”.

Fernando Martínez Bohórquez es socio de Inversiones Bocachica, cuyos propietarios son los hermanos Álvaro y Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. También reclamaban la propiedad de la Isla Reginaldo Bray y su esposa Lourdes Escobar Araújo, hermana del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo.

La Corte Constitucional luego de revisar la actuación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le concedió la razón a los nativos, quienes por generaciones han vivido en la isla.

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