Partidos financiados por empresas de gaseosas buscan aplazar impuesto a bebidas azucaradas
Postobón llegó a invertir más de 1.400 millones de pesos en las campañas de más de 20 candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones realizadas en 2022, de los cuales 14 fueron elegidos en las urnas y hoy ocupan una curul.
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Vorágine publicó una investigación que demuestra el lobby que hizo el director jurídico de la Organización Ardila Lülle, Iván Guillermo Lizcano Ortíz, durante la presentación de la reforma tributaria que incluía un impuesto a las bebidas azucaradas. A propósito de la radicación de un documento presentado por varios partidos que busca que la implementación de este impuesto no empiece en noviembre de 2023, como estaba previsto, sino que sea hasta 2026.
Básicamente, el lobby de Iván Lizcano de la Organización Ardila Lülle, respaldado por empresas del sector, ha trabajado para debilitar y postergar la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia, influyendo en la discusión en el Congreso y logrando una serie de modificaciones en la ley que benefician a la industria de bebidas azucaradas. Sin embargo, estas acciones también han generado críticas por parte de defensores de la salud pública y algunos legisladores que argumentan que el impuesto debería ser más alto y aplicarse de manera más estricta.
Dicho lo anterior, partidos políticos respaldados por empresas de bebidas azucaradas están trabajando para postergar la implementación del impuesto a estos productos, una historia que comienza con un almuerzo en Cartagena entre Iván Lizcano de la Organización Ardila Lülle, Katherine Miranda, representante a la Cámara, el director de la DIAN y un ejecutivo de RCN. A continuación, algunas estrategias utilizadas por este grupo económico para debilitar el “impuesto saludable” incluido en la reforma tributaria:
El primer proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gustavo Petro fue una reforma tributaria que incluía la creación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas. A pesar de que esta medida no era nueva, había sido rechazada en el pasado debido a la influencia de la industria en el Congreso. Esta vez, los interesados en la venta de bebidas azucaradas actuaron con fuerza, y Vorágine publicó esta investigación con el objetivo de arrojar luz sobre las acciones de un influyente lobista de la Organización Ardila Lülle, sus reuniones con funcionarios del Gobierno de Petro y su persistente presencia en el Congreso para debilitar el impuesto, especialmente durante el debate de la reforma tributaria.
Iván Guillermo Lizcano Ortíz, director jurídico de la Organización Ardila Lülle, actuó rápidamente después de la presentación de la reforma tributaria. Una de sus reuniones más destacadas tuvo lugar el 11 de agosto de 2022 en Cartagena, donde se celebraba el séptimo congreso de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). En esta reunión, Lizcano se encontró con la representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda, el director de la Dian y un ejecutivo de RCN Televisión. El tema principal de la reunión fueron los llamados “impuestos saludables” sobre las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados.
Miranda explicó que Lizcano y el ejecutivo de RCN mostraron comprensión por el proyecto de impuesto a las bebidas azucaradas, pero instaron a tener en cuenta los intereses de la industria y escuchar a los gremios. También expresaron su deseo de que el impuesto fuera progresivo y se implementara gradualmente. La reunión se llevó a cabo en un ambiente amigable y respetuoso.
Sin embargo, Lizcano omitió información respaldada por diversas autoridades, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que relaciona el consumo de bebidas azucaradas con enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Además, según un informe del Ministerio de Salud, un impuesto que aumente el precio de estos productos en un 20 % podría reducir significativamente su consumo y ahorrar recursos destinados al tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de bebidas azucaradas.
Vale la pena resaltar que, organizaciones de salud mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han abogado por gravar estos productos debido a su vínculo con la obesidad y otras enfermedades. América Latina y el Caribe tienen tasas de mortalidad más altas relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas en comparación con la media global.
En cuanto a las reuniones en el Congreso, Lizcano ha realizado un gran número de visitas entre marzo de 2016 y mayo de 2023, con un énfasis renovado durante el debate de la reforma tributaria de Petro en 2022. Aunque sus intervenciones suelen pasar desapercibidas en la prensa, ha tenido acceso a congresistas clave en la discusión, como los ponentes de la reforma y otros miembros del Congreso.
El lobby de Lizcano ha sido exitoso en la búsqueda de la modificación de las reglas del impuesto a las bebidas azucaradas, buscando retrasar su aplicación y excluyendo ciertos productos. Esto se reflejó en la aprobación de un impuesto que entrará en vigor en noviembre de 2023 y se incrementará gradualmente hasta 2025. Las bebidas con menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no pagarán impuesto, mientras que las que contienen entre 6 y 10 gramos tendrán un impuesto de $18 en 2023 y $28 en 2024. Las bebidas con más de 10 gramos pagarán $35 en 2023 y $55 en 2024. En 2025, el impuesto se incrementará en un 10 %. Además, con la movida se excluyeron productos como la Uva, la Colombiana, los jugos Hit y el Mr. Tea.
Estas acciones han generado controversia y críticas por parte de organizaciones de salud y de algunos miembros del Congreso, quienes argumentan que el impuesto debería ser más alto y aplicarse sin excepciones. La presión de la industria de las bebidas azucaradas y el lobby de Lizcano parecen haber influido en esta modificación del impuesto.
Sobre este tema, el senador por el Pacto Histórico Wilson Arias calificó como un ‘Mico’ la proposición que radicaron miembros del Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Conservador y el partido Liberal para retrasar la entrada en vigor del impuesto a las bebidas azucaradas.
Atención, @CeDemocratico, @PCambioRadical, @soyconservador y @PartidoLiberal radicaron mico al impuesto a bebidas azucaradas: quieren que el impuesto entre en vigencia hasta 2026 y no en 2023. Esos partidos recibieron $13.000 millones en donaciones de la industria de azúcares. pic.twitter.com/UBFDLhgKEh
— Wilson Arias (@wilsonariasc) September 12, 2023
El aporte de la Organización Ardila Lülle a varias campañas políticas
La investigación evidenció que esta estrategia de la Organización Ardila Lülle es consecuente con su aporte a varias campañas electorales, pues Postobón llegó a invertir más de 1.400 millones de pesos en las campañas de más de 20 candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones realizadas en 2022, de los cuales 14 fueron elegidos en las urnas y hoy ocupan una curul.
Dicho lo anterior, se supo que las campañas de congresistas como David Luna, Ana María Castañeda, Antonio Zabaraín, Jorge Enrique Benedetti, Néstor Leonardo Rico, todos de Cambio Radical, recibieron 90 millones de pesos cada una.
De hecho, en 2010, David Luna calificó a Lizcano como un “gran amigo” en un debate del Congreso de la República. Es importante mencionar que David Luna ha hecho una fuerte oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta práctica no es para nada nueva, pues se ha registrado el apoyo que realizan los poderes económicos más importantes del país en las diversas campañas electorales. De hecho, Transparencia por Colombia afirmó que entre 2015 y 2022, la empresa Postobón, de la Organización Ardila Lülle, invirtió más de 1.200 millones de pesos en apoyar campañas electorales, siendo el expresidente Álvaro Uribe quien recibió la donación más grande por 100 millones de pesos.
Por otro lado, Transparencia por Colombia fue más allá y evidenció que las empresas de gaseosas de la Organización Ardila Lülle, entre 2015 y 2022 realizaron donaciones por más de 11.000 millones de pesos a varios partidos políticos: Cambio Radical (3.958 millones de pesos), Partido de la U (2.660 millones de pesos), Centro Democrático (2.221 millones de pesos), Partido Liberal (1.665 millones de pesos), Alianza Verde (400 millones de pesos) y Nuevo Liberalismo (300 millones).