El Congreso no reconoce competencia a la juez de la tutela de las curules de paz
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12/12/2017
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó la medida cautelar que dictó la jueza 16 administrativa de Bogotá, Catalina Díaz Vargas, en el marco de una acción de tutela emprendida para salvar las 16 curules de paz en la Cámara.
Por no tener competencia, porque viola la independencia de los poderes y porque no existe ningún acto legislativo que crea esas circunscripciones, el senador Cepeda repudió la acción judicial.
El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, por actuar según la ley como representante jurídico del Congreso en asuntos legislativos y constitucionales, envió esta misma tarde la respuesta a la jueza.
El uribismo, a través de Alfredo Rangel, se solidarizó con las decisiones de la más directiva del Senado.
“Respaldamos la respuesta a la jueza porque su decisión constituye un atentado a la democracia, a la independencia de los poderes y es un prevaricado, que además es el resultado del caos institucional en que ha sumido al país el gobierno de santos con su falsa negociación de paz”, dijo Rangel.
El conservatismo, por intermedio de Juan Diego Gómez, pidió al Congreso que envíe copia de la decisión de la jueza y de la respuesta del Congreso, a los organismos disciplinarios para que adelante investigaciones contra la señora Díaz Vargas, porque considera que ella se extralimito en sus funciones.
Así, el acto legislativo de las curules de paz no podrá ser promulgado por el Gobierno, de haber recibido el texto que pedía la jueza al Congreso que le enviará a la Casa de Nariño.
La respuesta de Cepeda deberá ser analizada por la jueza y determinar si ocurrió o no un desacato a su medida cautelar.
Esta tutela fue instaurada por un ciudadano que dijo ser víctima de la violencia e interpuso el pedido para solicitar protección a su derecho a ser elegido.
El Gobierno tiene pendiente una acción de cumplimiento que impetró ante un tribunal.
El senador de Alianza Verde, Jorge Eliecer Prieto, atacó la posición de Cepeda advirtiendo que las decisiones de los jueces son de obligatorio cumplimiento y no hacerlo podría constituir un desacato.
Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco propuso un acuerdo político para garantizar la representación de las victimas en el próximo Congreso