El magistrado José María Armenta invadió y construyó en un predio ajeno en la frontera con Panamá
Sobre la selva deforestada del último predio de Colombia en la frontera con Panamá, el magistrado José María Armenta construyó sin licencia una cabaña, en un predio que además de no ser suyo tiene una historia de fraudes notariales que lo involucran a él y a su familia.
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José María Armenta, un magistrado que se hizo millonario como beneficiario final de una cadena de escrituras falsas, que la Judicatura y la Fiscalía dicen estar investigando hace tres años, es el primer habitante colombiano en la frontera panameña de Sapzurro.
Armenta se dejó ver con las autoridades locales de Sapzurro y Acandí, mientras les recordaba a ellos y al pueblo su condición de magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por eso fueron tímidos los intentos de las autoridades locales, para hacerle entender al guardián de la ley en Bogotá, que en Sapzurro tampoco es legal que se construya sin licencia y en un predio que no es de su propiedad.
El magistrado intentó litigar desde su despacho en el Tribunal.
Con más tono que argumentos porque, luego de advertir que los títulos del magistrado se amparaban en una escritura inexistente, la Superintendencia de Notariado prohibió registrar a Armenta como propietario.
Ella sabe que además de demostrar ser la dueña, se necesita respetar el medio ambiente y las normas urbanas para construir.
La construcción del magistrado avanza mucho más rápido, pues no necesitó tiempo ni papeles para demostrar que la propiedad era suya, ni presentó trámites para ninguna licencia. Simplemente comenzó a talar y a sustituir selva por cemento y madera tropical talada sin permiso.
Y en vez de las licencias y permisos respectivos, tiene al cliente del litigio que perdió y a su hermano, para que lo defiendan.
No obstante la prohibición del registro de la propiedad a nombre de José María Armenta y su clan, emana de una orden de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo, además de ordenar la investigación contra el fiscal que, sin fundamento legal, le dio la propiedad a los Armenta, sino también al magistrado, a su hermano, a su cliente y al registrador que, durante un mes, ordenó la inscripción del fallo espurio.
Pero las autoridades de este corregimiento, el más lejano de Bogotá en la frontera noroccidente, tienen que escoger entre creerle a un magistrado del Tribunal y su círculo de poder o a la verdadera dueña que compró un pedazo de tierra para terminar sus días frente al mar.