Uno | La controversia por la virtualidad en la justicia penal llega a la Corte Constitucional
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El pasado 13 de junio, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley 2213 de 2022, que convierte en permanente la virtualidad en la justicia, con el fin de agilizar los procesos judiciales.
La ley fue impulsada por el fiscal general, Francisco Barbosa; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el defensor del pueblo, Carlos Camargo, y los presidentes de las altas cortes, con excepción de la presidenta de la Corte Constitucional.
Esta sección estableció que la Corte Constitucional se pronunciará sobre la mayor controversia en torno a esta ley: la exclusión de la justicia penal, de la obligación de la virtualidad.
Como se sabe, quedó establecido que los jueces y magistrados serán autónomos para decidir si celebran virtualmente o no sus audiencias.
El magistrado Antonio José Lizarazo deberá elaborar una ponencia que determine si «la exclusión de la jurisdicción penal en la virtualidad de procesos judiciales, como regla general, resulta discriminatoria e injustificada».
La demanda que estudiará la Corte, presentada por el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, advierte además que «es falso que la virtualidad facilite el falso testimonio» o la manipulación de los testigos en los procesos penales. Según Bernate, la ley manda un mensaje de agilidad en los asuntos de familia, laborales, comerciales, civiles y arbitrales y de lentitud en la justicia penal.